EEUU acepta aplicar Convención de Ginebra a prisioneros de su campaña antiterrorista

El gobierno de Estados Unidos reconoció hoy públicamente que los militantes capturados en la campaña contra las organizaciones terroristas internacionales, a los que siempre negó estatus de prisioneros de guerra, también tienen derecho a la protección de la Convención de Ginebra.

El anuncio de la Casa Blanca coincidió con el debate que el comité Judicial del Senado inició sobre las características que debería cumplir el proceso de los detenidos en Guantánamo, a quienes el Pentágono querría ver delante de las "comisiones militares" creadas especialmente.

Según el vocero de la Casa Blanca, Tony Snow, la admisión de la vigencia de las normativas de Ginebra en el caso de los prisioneros de Guantánamo y otros centros de detención en el mundo está contenida en una circular interna difundida por el ministerio de Defensa.

Esta nueva posición fue asumida por el gobierno del presidente George W. Bush pocos días después de que la Corte Suprema rechazará la utilización de los tribunales militares especiales para procesar a los prisioneros de Guantánamo.

Snow afirmó que la nueva posición de la administración Bush sobre el estatus de los prisioneros "no es realmente una reversión de la política" mantenida hasta el momento, y afirmó que la sentencia de la Corte Suprema es "compleja".

El portavoz advirtió, sin embargo, que el gobierno seguirá "trabajando" con el Congreso para buscar la forma de poner en práctica los tribunales militares para los prisioneros.

"Vamos a encontrar la manera de hacerlo de manera consistente con nuestra seguridad nacional", afirmó.

El reconocimiento de que todos los detenidos en manos de los militares estadounidenses, en cualquier parte del mundo, están protegidos por la Convención, está contenido en un memorando firmado el 7 de julio pasado por el subsecretario de Defensa, Gordon England.

Pero la Casa Blanca quiso dar a conocer detalles del memorando recién hoy, cuando el Senado comenzó su debate sobre las iniciativas de ley necesarias para hacer frente a la sentencia de la Corte Suprema.

Con una histórica sentencia de 5-3, el máximo tribunal estadounidense rechazó las "comisiones militares" y los procedimientos especiales decididas por el Pentágono para juzgar a los prisioneros de Guantánamo, destacando, en particular, que a los detenidos no se les concedían los derechos previstos en el artículo tercero de la convención de 1949.

El tratado contra la tortura y maltrato de prisioneros de guerra prevé, entre otros puntos, que se respete la "dignidad personal" y prohíbe la sanción de fallos en su contra sin que se les concedan "todas las garantías jurídicas reconocidas indispensables por los pueblos civilizados".

Fuentes gubernamentales se encargaron de precisar hoy que la admisión de la vigencia de la convención ni significa que la Casa Blanca renuncie a poner en marcha los tribunales militares especiales.

Steven Bradbury, experto del ministerio de Justicia, explicó -por ejemplo- que la decisión de la Corte Suprema debe dar al gobierno y al parlamento "la oportunidad de trabajar juntos" para reconocer la legalidad de los procesos militares y permitir así "llevar a los terroristas ante la justicia".

En la vereda de enfrente, algunos abogados defensores de prisioneros de Guantánamo están presionando al Congreso para que, frente a la decisión de la Corte Suprema, decida que el mejor camino para juzgar a los detenidos son las cortes marciales regulares o la justicia federal ordinaria.

En Guantánamo se encuentran actualmente unos 450 prisioneros, de los cuales solamente diez están formalmente procesados y esperan ser llevados ante las comisiones militares creadas por Bush después de los atentados del 11 de setiembre del 2001.

Los senadores, por su parte, se mostraron hoy escépticos sobre las reales intenciones del gobierno de Bush.

Antes de preparar las propuestas de ley que respondan a la directiva de la Corte Suprema, el parlamento escuchará un gran número de testimonios y se espera que el debate decisivo llegará recién después del receso estival de agosto.

"No daremos al ministerio de Defensa un cheque en blanco", prometió el presidente del comité Judicial, el republicano Arlen Specter, de Pennsylvania, después de haber conocido el contenido del memorando de England.

"Las comisiones militares -agregó su colega demócrata Patrick Leahy, de Vermont- deberán estar en sintonía con los estándares de la justicia estadounidense".