Un juez estadounidense aceptó hoy una moción para suspender la extradición del ex general panameño Manuel Antonio Noriega a Francia, hasta que quede demostrado que ese país otorgará al acusado los derechos establecidos en la Convención de Ginebra.
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El magistrado William Hoeveler ordenó conceder la moción presentada por los abogados de Noriega, quienes argumentaron que estaba previsto que su defendido fuese liberado mañana, tres días antes de la fecha establecida para su libertad condicional, el 9 de septiembre.
La defensa también solicitó otro "hábeas corpus" porque "existe una razón sustancial para creer que Francia, contrario a lo que dice EE.UU., no tiene intención de otorgar las protecciones establecidas en la Convención de Ginebra" y Noriega podría ser tratado como "un criminal común" y no como prisionero de guerra.
Frank Rubino y Jon May, defensores de Noriega, dijeron que impedir la extradición "es absolutamente necesario" para proteger sus derechos amparados por la convención, de acuerdo con el documento presentado ante un tribunal de Miami (Florida, EE.UU.).
Hoeveler, quien denegó una petición de "hábeas corpus" a Noriega el pasado 24 de agosto, pidió a los abogados que presenten pruebas que demuestren que Francia no tiene intenciones de cumplir con sus obligaciones bajo la Convención de Ginebra.
"Deben ser presentadas a más tardar, mañana", dictaminó el juez.
El gobierno estadounidense, a su vez, debe presentar sus pruebas en el mismo periodo.
"En la misma medida que EE.UU. no pueda confirmar el cumplimiento del artículo doce de la Convención, esta corte requerirá la presentación de las comunicaciones confidenciales entre Francia y EE.UU. en las que se basa para afirmar que está satisfecho de la voluntad y capacidad de Francia para aplicar la Convención", dijo el juez.
May informó hoy, previo a esta decisión de Hoeveler, que fueron presentados "los documentos esta mañana en el tribunal para apelar la decisión del juez (William Turnoff).
Turnoff aprobó la extradición del ex hombre fuerte de Panamá, entre 1983 y 1989, en agosto pasado, un dictamen que técnicamente es una recomendación al Departamento de Estado de Estados Unidos, organismo que tiene la decisión final.
Noriega se encuentra en una cárcel de Miami (Florida) cumpliendo una condena por permitir el envío a EE.UU. de los embarques de cocaína del desaparecido cartel de Medellín (Colombia) en la década de los ochenta.
El juez Turnoff dictaminó que la documentación presentada por los fiscales estadounidenses, quienes representan al gobierno francés en el caso, cumplía con los requisitos legales exigidos y en consecuencia aprobaba el proceso.
Uno de los argumentos del juez se centró en que la Convención de Ginebra no impide que un prisionero de guerra sea extraditado para ser juzgado por delitos graves cometidos en otro país.
También que Noriega no disputó que había pruebas suficientes de haber cometido un delito por el cual se podía extraditar.
Pero sus abogados manifestaron preocupación porque consideraban que no existían las garantías adecuadas para que su cliente fuera tratado como un prisionero de guerra.
Francia ha pedido la extradición de Noriega tras haberlo hallado culpable en ausencia del lavado de unos 3,1 millones de dólares y los condenó a diez años de prisión.
En la documentación de extradición francesa se establece que el ex militar tendrá un nuevo juicio.
Las operaciones financieras por las que Noriega fue juzgado en Francia datan de los años 1988 y 1989.
El equipo defensor del ex general panameño ha dicho que Noriega sería enviado a París porque el gobierno de Panamá está permitiéndolo, aún cuando en su propio país lo acusan de delitos graves.
En Panamá, Noriega afronta varios cargos por corrupción y ya fue condenado a 15 y 20 años de cárcel por los asesinatos de Hugo Spadafora, político y médico panameño, y el mayor Moisés Giroldi, respectivamente.
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