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"El Registro de Seguridad Nacional de Ingresos y Salidas ayudará a impedir que los terroristas entren al país, o permanezcan aquí", dijo Ashcroft, quien calculó que en el primer año de su uso el registro afectará a unas 100.000 personas.
La decisión aplica una cláusula legal que ha estado en desuso durante décadas, y de inmediato fue objeto de quejas de grupos que defienden los derechos ciudadanos y de portavoces de organizaciones árabes y musulmanas.
Ashcroft indicó que "de lo que se trata es de rastrear a los terroristas".
"El Registro de Seguridad Nacional tiene tres pasos: toma de fotografía y huellas digitales a la entrada, registro de extranjeros si se quedan más de 30 días, y control de salida" añadió.
Dos meses después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, Washington y Pensilvania, la administración Bush "invitó" a unos 5.000 hombres con edades de 18 a 33 años para que se sometieran a interrogatorios.
En su mayoría se trataba de personas con visa de turista o de estudiante que habían ingresado al país después del 1 de enero del 2000, y que poseían pasaportes de países donde, supuestamente, actúa o es fuerte la red del saudí Osama bin Laden.
Ashcroft indicó hoy que el fichaje de extranjeros se aplicará a "individuos de países que presentan riesgo para nuestra seguridad".
Algunos abogados de inmigración opinaron que esto se aplicará a quienes tienen pasaportes de Arabia Saudí, Pakistán y otros países musulmanes. El gobierno indicó que se aplicará a los ciudadanos de unos 26 países, lo cual significa aproximadamente un millón de personas cada año.
Jean Butterfield, directora ejecutiva de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU, dijo que esta medida del gobierno "no tiene sentido, no tiene lógica".
"Es obvio que un terrorista no se presentará a la policía a registrarse", agregó. "En cambio, se compilará fotografías y huellas digitales de cientos de miles de personas inocentes sin que ello aumente, en lo más mínimo, nuestra seguridad".
El procedimiento requiere que el extranjero que obtuvo su visa para viajar a EEUU, sea fotografiado y se le tomen las huellas digitales cuando llega al puerto o aeropuerto de entrada al país.
Dentro de los treinta días siguientes, el extranjero debe notificar a las autoridades su domicilio y, si permanece en el país más tiempo, deberá renovar el registro cada año, y deberá notificar cada cambio de domicilio anualmente.
El registro policial de los extranjeros que se encuentren en EEUU sin visa de inmigrante está estipulado por una cláusula de la Ley de Inmigración y Naturalización, promulgada en 1952. En 1981 se suspendió el requisito del informe anual de domicilio.
En la década de los ochenta, cuando empezó a incrementarse la ola inmigratoria -que ha seguido un patrón ascendente por dos décadas-, el Servicio de Inmigración y Naturalización se vio desbordado y, sencillamente, abandonó la práctica.
En 1998 el gobierno decidió que solamente los visitantes procedentes de Irak, Irán, Libia y Sudán debían someterse al fichaje policial y el registro con las autoridades federales.
James Zogby, presidente del Instituto Arabe Estadounidense, recordó que las leyes deberían aplicarse de forma igual a todas las personas, pero el anuncio del Departamento de Justicia indica que el registro policial se exigirá, principalmente "a un grupo específico de personas".
"Esto pone como blanco, como objetivo, a un grupo de personas que en su gran mayoría son inocentes, pero cuyas vidas serán trastornadas", dijo Zogby. "Nos estamos pareciendo a la Unión Soviética, con el requisito de que la gente se registre en la estación policial".
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