Santiago (Reuters, DPA) - La Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer una acusación constitucional contra la ministra de Educación, Yasna Provoste, por irregularidades financieras en su cartera, por lo que quedó suspendida de su cargo en un hecho inédito desde el retorno a la democracia en 1990.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Tras una extensa discusión en el Congreso, en la ciudad costera de Valparaíso, la acusación contra Provoste fue respaldada por 59 votos a favor, 55 en contra y dos abstenciones en la Cámara de Diputados.
Provoste fue acusada de falta a la probidad financiera y administrativa en el uso de dinero de esa cartera, por lo que quedó suspendida de su cargo en espera de la votación del Senado -de mayoría opositora- en un plazo máximo de 30 días. Si los senadores apoyan la acusación constitucional, Provoste se convertirá en el primer ministro tras la dictadura de Augusto Pinochet que quedará inhabilitado de ejercer un cargo público por los próximos cinco años.
Las denuncias contra el Ministerio de Educación se suman a las irregularidades denunciadas en otras reparticiones del gobierno de la socialista Michelle Bachelet, como el Ministerio de Obras Públicas, Ferrocarriles del Estado y un organismo de fomento del deporte llamado Chiledeportes. Así, analistas dijeron que el de Provoste podría convertirse en un caso testigo.
Confrontación
«Esta es una acusación que se dice con ropaje jurídico, pero que efectivamente logra cubrir otros temas que tienen un carácter netamente político», dijo Provoste en el Congreso a periodistas tras conocer la votación. «Espero que este episodio haga recapacitar a quienes creen que la confrontación, la beligerancia, la obstrucción son caminos aceptables», agregó.
De los 120 diputados que integran la cámara, una se encuentra desaforada, mientras que tres parlamentarios oficialistas no votaron y otros cuatro ex miembros del partido de gobierno Democracia Cristiana se inclinaron, en una decisión clave, por acusar a Provoste.
La denuncia de la oposición contra Provoste se basa en que no corrigió supuestas infracciones e irregularidades cometidas en la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Santiago en materia de recursos públicos, al tiempo que no aplicó sanciones en casos de supuestas infracciones.
También se la acusa de haber ignorado supuestas recomendaciones de auditorías que dan cuenta de irregularidades en distintos programas y en algunas regiones del país, entre otros.
Sin embargo, Provoste desestimó esas denuncias. «Este era un resultado esperado, a pesar de que la verdad jurídica está de nuestra parte», dijo.
Dejá tu comentario