El juez Baltasar Garzón se declaró hoy competente para investigar las detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante la Guerra Civil (1936-1939) y en un tramo de la posterior dictadura franquista en el marco de "crímenes contra la humanidad".
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El magistrado ordenó la apertura de 19 fosas comunes al aceptar, en un documento de 68 páginas, el pedido de 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, quienes solicitaron conducir una investigación por crímenes y desapariciones durante el franquismo. En una de las fosas se encuentran los restos del poeta español Federico García Lorca. La familia de Lorca, que se había opuesto a esa medida, manifestó en las últimas semanas su aceptación para continuar con las investigaciones judiciales.
"La calificación jurídica que se acoge es la de un delito permanente de detención ilegal, sin ofrecerse razón sobre el paradero de la víctima, en el marco de crímenes contra la humanidad, salvando así los problemas de irretroactividad que pudieran aducirse", explicó Garzón en un auto de 68 páginas emitido este jueves. El carácter permanente de este delito "evita la aplicabilidad" de las leyes de amnistía proclamadas en España en 1977 para ese tipo de delitos, añade.
"Iniciar la investigación de un delito que se sigue cometiendo al día de hoy y que nunca ha sido, hasta ahora, denunciado no es más que cumplimiento estricto de la ley por encima del éxito o fracaso de la iniciativa y una forma de rehabilitación institucional, ante el silencio desplegado hasta la fecha, que no sólo ha otorgado de facto la extinción de la responsabilidad penal sino la impunidad". Garzón se apoya en sus argumentos en el juicio en España al ex represor argentino Adolfo Scilingo, que en 2005 fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina (1976-1983), años en que estos delitos no estaban recogidos en el código penal español.
"Me produce muchos sentimientos, de tristeza y alegría", declaró a la AFP Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que desde hace ocho años exhuma fosas e identifica a los desaparecidos de esa época sin ayuda estatal. "Alegría porque es positivo", ya que "en este país que ha sido tan injusto para las víctimas, después de 30 años de democracia en que ningún gobierno tomó sus responsabilidades", explicó.
Y "tristeza porque hay mucha gente que ha muerto durante 30 años de democracia sin ningún tipo de reparación". Silva, cuya asociación presentó varias denuncias de familiares que Garzón admitió a trámite este jueves, advirtió que si la fiscalía se opone a esa investigación, la ARMH buscará "otros tipos de actuación jurídicos dentro o fuera de España".
Los grupos realizaron el pedido pese a la ley de amnistía aprobada en 1997 por el parlamento de Madrid. Garzón, al afirmar la competencia de la Audiencia Nacional para investigar las desapariciones, aseguró que se trata de crímenes contra la humanidad en los cuales están implicados 35 ex dirigentes del estado español, entre ellos el ex dictador Francisco Franco, todos ya fallecidos.
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