Los expertos judiciales del gobierno estudian implementar como posible modelo los actuales tribunales especiales de apelación sobre inmigración, que se reúnen en secreto y ante los cuales los abogados defensores tienen acceso a pruebas sensibles contra sus clientes, aunque sin poder revelárselas.
Según informaron ayer los matutinos «The Guardian» y «Daily Telegraph», estas pruebas podrían consistir en escuchas telefónicas, prohibidas por las actuales leyes británicas por interferir en la decisión final del jurado.
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