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La decisión fue tomada "en coherencia con su planteamiento político-militar y en reciprocidad a las medidas adoptadas por el Estado contra ellas" (las FARC), según un comunicado rebelde.
La declaración es la primera que emite la jerarquía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) sobre la campaña de presión a representantes estatales en las regiones que algunos de sus bloques y frentes emprendieron a finales del pasado mayo.
Según el comunicado, divulgado por la página en Internet de la principal guerrilla del país, la exigencia de renuncia alcanza a los gobernadores de los 32 departamentos del país, a los alcaldes de los 1.112 municipios y a todas las autoridades civiles en localidades, caseríos y aldeas que ejerzan como inspectores de Policía.
Pese a que los alcaldes y gobernadores salieron del "seno del pueblo" al haber "sido elegidos popularmente", a ellos el Estado no les ha dejado otra alternativa que cumplir con el "papel represivo" que les ha sido asignado por el Gobierno de Andrés Pastrana, explicaron las FARC.
El "secretariado" rebelde sostuvo que esa "política de sangre y fuego" ha sido implantada con el llamado Plan Colombia, iniciativa antidrogas respaldada por los Estados Unidos, fundamentalmente con asistencia militar.
Las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 10 de marzo, agregó el grupo, "fueron desvergonzadamente fraudulentas y viciadas de corrupción y violencia", lo que las hace ilegítimas.
Las FARC criticaron que mientras se agudiza la "lucha de clases dentro del Estado", el "establecimiento" fortalece su poder.
Y lo hace "con más soldados profesionales, más policías, más paramilitares, más leyes antipopulares y más 'sapos' (soplones) para reprimir con más crueldad y eficiencia la progresiva inconformidad popular contra las actuales políticas neoliberales impuestas por los Estados Unidos, por medio del Fondo Monetario Internacional".
Los esfuerzos por buscarle una salida negociada al conflicto armado interno, que lleva casi cuarenta años, "han sido en vano", advirtió el mando insurgente, que en este sentido rechazó la decisión de Pastrana de romper, el pasado 20 de febrero, el proceso de paz que las partes habían emprendido en enero de 1999.
Para las FARC, en los intentos de superar la confrontación con los que se ha comprometido desde 1984 siempre se han "encontrado con la misma actitud del Estado y sus representantes".
En este contexto, explicaron que se trata de una "ausencia total de un verdadero proyecto de paz con justicia social, y una negativa casi instintiva a cualquier propuesta de cambio que haga la insurgencia, por insignificante que sea".
Reconocieron que es con el "Estado con quien estamos enfrentados en una lucha prolongada y que cada día se profundiza más, al haber cancelado primero todas las posibilidades de una salida política negociada".
Por lo tanto, concluyeron, "las FARC-EP han decidido en coherencia con su planteamiento político-militar y en reciprocidad a las medidas adoptadas por el Estado contra ellas, exigir la renuncia todos los mandatarios departamentales, municipales y veredales", aldeas, puntualizó la organización rebelde.
No es "por lo que ellos son como persona, sino por lo que representan al Estado", aclaró el "secretariado" de las FARC, que es liderado por el septuagenario "Manuel Marulanda Vélez" o "Tirofijo", alias de Pedro Antonio Marín.
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