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Representantes del régimen de Jartum y del rebelde Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS) rubricaron el pacto en la ciudad keniana de Naivasha, al noroeste de Nairobi, confirmaron portavoces de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD en inglés), organismo que auspicia las negociaciones.
El acuerdo estipula que ambas facciones compartirán por partes iguales los beneficios económicos de los aproximadamente 300.000 barriles de crudo que se extraen diariamente en el sur sudanés, feudo tradicional del EPLS.
Según el tratado, el área quedará durante seis años bajo control de una administración autónoma, que asumirá el poder una vez que las dos partes firmen un armisticio.
El vicepresidente sudanés, Ali Osman Mohammed Taha, y el líder rebelde John Garang, lograron en septiembre pasado un Acuerdo sobre Seguridad, uno de los temas más espinosos, y los más optimistas, incluido el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, que visitó a los negociadores en Kenia, creen que un acuerdo de paz definitivo es inminente.
La fórmula para distribuir la riqueza procedente del petróleo era precisamente una de las cuestiones pendientes de resolver en las conversaciones de paz entre el Gobierno y los rebeldes sudaneses, que se desarrollan desde hace un año y medio.
En noviembre, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó a las empresas petrolíferas que operan en el sur de Sudán de "ser cómplices en las muertes y destrucción que han causado la guerra".
En un amplio informe, HRW afirmó que durante años "las compañías que operan en Sudán estuvieron al tanto de las matanzas y bombardeos que tenían lugar en el sur, siempre con el pretexto de despejar territorio para la explotación de los yacimientos".
"El Gobierno sudanés utilizó, asimismo, las carreteras y pistas de aterrizaje construidas por las compañías petrolíferas para lanzar ataques contra civiles", según el informe, de 754 páginas.
"Los directivos de estas compañías miraron hacia otro lado, pese a los bien documentados informes de ataques gubernamentales contra objetivos civiles, incluidos hospitales, iglesias, escuelas y bases para la asistencia humanitaria", añade el documento, que subraya que los rebeldes hicieron también de los yacimientos un objetivo militar prioritario.
La guerra civil en Sudán enfrenta desde 1983 al norte musulmán con los rebeldes, que se levantaron en armas cuando las autoridades de Jartum impusieron la "sharía" o ley islámica en todo el país, incluido el sur, donde la población es mayoritariamente animista o cristiana.
El conflicto se ha cobrado la vida de más de dos millones de personas, a causa de los combates, el hambre y las enfermedades exacerbadas por la contienda.
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