Un ventanal de la comisaría de Parada de Taipas, en San Pablo, muestra el impacto de uno
de los ataques perpetrados durante el fin de semana.
San Pablo (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - Al menos 52 muertos, 50 heridos y motines en 36 cárceles provocó el fin de semana la más cruenta ofensiva criminal llevada a cabo por la mafia carcelaria en el estado de San Pablo. Aunque las autoridades locales consideraban la insurrección bajo control, se estimaba anoche que habría unos 100 rehenes en diferentes cárceles.
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Al menos un centenar de ataques a puestos y patrullas de la policía en diferentes puntos de San Pablo y cerca de 36 rebeliones de presos en municipios aledaños contabilizaba hasta anoche la ola de violencia en el estado más rico y poblado de Brasil, que estalló la noche del viernes y continuó en la madrugada de ayer.
La Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo informó que en entre los 52 muertos hay 35 agentes del orden, entre policías militares, civiles, agentes de la Guardia Civil Metropolitana y carcelarios, así como tres civiles y catorce presuntos delincuentes. Entre los heridos hay 24 miembros de la policía militar, cinco de la policía civil, cinco de la Guardia Metropolitana, dos carceleros, ocho civiles y seis sospechosos de participar en los atentados.
Estallidos simultáneos
En forma simultánea estallaron 36 rebeliones en diferentes cárceles de la ciudad, que recoge a 40% de los 140.000 presos brasileños. Varios motines fueron sofocados el sábado por las autoridades mediante la ocupación de patios y la liberación de los rehenes. Las autoridades no informaron de heridos o muertos en esos levantamientos, y, según versiones de medios de comunicación, en conjunto habría cerca de un centenar de personas todavía retenidas.
La Secretaría de Seguridad Pública aseguró que los ataques de la mafia constituyen una represalia contra las autoridades por haber cambiado de prisiones a capos del crimen, como Marcos Willians Herba Camacho, del Primeiro Comando da Capital (PCC).
El jueves pasado, el gobierno estadual dispuso la transferencia de 765 reclusos de presidios del interior del estado a dos cárceles de máxima seguridad; una en Presidente Venceslau, a 620 kilómetros al oeste de San Pablo, y la otra en la zona norte de la capital del estado.
El PCC, promotor de las principales insurrecciones en cárceles paulistas, ya había coordinado 29 simultáneas el 18 de febrero de 2001, que dejaron treinta muertos, en su mayoría, miembros de bandas rivales.
Ante la situación desbordante, y cuando se avecina la campaña electoral por la presidencia, Luiz Inácio Lula da Silva se dijo dispuesto a colaborar en el restablecimiento del orden, que en Brasil está a cargo de las autoridades regionales. Ante ello, el gobernador Claudio Lembo, opositor al gobierno federal, rechazó la ayuda al afirmar que el conflicto estaba bajo control.
Las operaciones se producen a cinco meses de las elecciones, en las cuales Lula, si confirma su candidatura, deberá enfrentar al socialdemócrata Geraldo Alckmin, que dejó el cargo de gobernador de San Pablo en marzo, precisamente para entrar en campaña.
Imputación al pasado
En declaraciones desde Viena, Lula dijo el sábado que la violencia sólo se resolvería con más inversiones en el área social, y achacó a sus antecesores y adversarios haber desdeñado ese asunto. «Lo lamento por las víctimas, por los familiares, pero ése es el resultado de un país que durante la mitad del siglo XX fue gobernado creyendo que la inversión en educación era un gasto, que la inversión en salud era un gasto, que la inversión en política social era un gasto», afirmó Lula en tono electoral.
Por otro lado, la ola de violenciay las confusas explicaciones oficiales provocaron indignación entre expertos y líderes de entidades sociales y eclesiásticas.
El gobernador Lembo dijo que las autoridades sabían que los traslados traerían « consecuencias» y garantizó que «los riesgos estaban calculados». Al tiempo que el comandante de la policía militar, coronel Elizeu Eclair Teixeira Borges, aseguró que sus hombres estaban en estado de alerta y que gracias a esta actitud «el número de muertes fue mucho menor».
Ayer, el ex secretario nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, José Vicente da Silva, afirmó que San Pablo carece de un servicio de inteligencia «inteligente». «El servicio de inteligencia para ser inteligente debe anticipar estas cosas con un plazo razonable, para que sean tomadas las medidas necesarias, y eso no ha ocurrido», sostuvo. A su turno, el Episcopado brasileño expresó su «vehemente repudio» por lo que consideró «brutales y terroríficos actos de violencia planeados y practicados por el crimen organizado».
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