El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, admitió la posibilidad de que los militares que desalojaron del gobierno al mandatario constitucional Manuel Zelaya y lo expulsaron del país puedan ser juzgados por esta última acción.
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En declaraciones formuladas el lunes por la noche en la Casa Presidencial, Micheletti dijo que cuando se concretó el golpe de Estado el 28 de junio último la Corte Suprema de Justicia emitió una orden de arresto contra Zelaya que debía ser cumplida por las Fuerzas Armadas, pero no se ordenó su expulsión del país.
"Estoy totalmente seguro que serán llevados a los tribunales, como corresponde a cualquiera que cometa un error", afirmó Micheletti.
El jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, general Romeo Vásquez Velásquez, dijo al respecto que están dispuestos "a someternos a la jurisprudencia correspondiente".
El jefe militar dijo al diario Proceso Digital que las Fuerzas Armadas están apegadas a la Constitución y a las leyes del país.
Los juristas de las Fuerzas Armadas dijeron que el envío de Zelaya a Costa Rica luego del golpe que lo desalojó del poder se debió a un estado de necesidad estipulado en la legislación penal hondureña.
Ese estado de necesidad le da potestades a los funcionarios a tomar decisiones no previstas en la ley en caso que exista interés público, fundamentaron.
Funcionarios del gobierno de facto y jefes militares adujeron que sacar a Zelaya fue una necesidad para evitar más violencia en Honduras y proteger la integridad física del mandatario depuesto, ya que no había instalaciones penales para mantenerlo detenido.
La Fiscalía General presentó 18 cargos contra Zelaya ante los tribunales de justicia, incluyendo los de traición a la patria y abuso de autoridad.
El presidente constitucional dijo que si es restituido en su cargo, está dispuesto a comparecer ante la justicia todas las veces que sea necesario.
