Caracas (EFE, ANSA) -En medio de una creciente polémica por el proyecto del gobierno de Hugo Chávez de reducir la jornada laboral, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Roberto Lukert, dijo que podría ordenar una campaña desde los púlpitos de las iglesias contra la reforma constitucional que impulsa el mandatario.
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Lukert señaló que la Iglesia podría dirigirse directamente a sus fieles «para hacerle entender al pueblo venezolano dónde está la maldad y la bondad de la reforma».
La reforma propone la reelección presidencial sin límites, con aumento del mandato de seis a siete años, cambios en la propiedad, creación de milicias populares, eliminación de la autonomía del Banco Central, reducción de la semana laboral a 36 horas y declarar como «antiimperialista» a la Fuerza Armada, entre otros polémicos cambios a 33 artículos.
El prelado sostuvo que la reelección indefinida liquida el principio de alternancia en el poder y que así «se acabó la posibilidad de sobresalir, de ser presidente de la República o de ser un gobernador elegido por el pueblo y tener autonomía» para futuros aspirantes de la oposición y del oficialismo.
Chávez, quien pide más tiempo para imponer en el país el socialismo, niega que su objetivo sea antidemocrático porque -dice- el pueblo será el que decida si un gobernante sigue en el poder.
El arzobispo de la ciudad de Coro anunció que la Iglesia se reunirá hoy para estudiar y asumir una postura oficial sobre la reforma constitucional, la cual calificó de «traje a la medida de un militar». «Aquí se nos está imponiendo un militarismo democrático, mal llamado democrático», ya que el texto «va a ir a consulta, a referendo, y va a parecer que esto es un país democráticamente constituido y lamentablemente no es así. Es la voluntad de un caballero que tardó seis meses en hacer una reforma y ahora nos impone tres meses para poderla aprobar», afirmó a la emisora «Unión Radio».
La propuesta legislativa presentada el pasado 15 de agosto avanza a pasos acelerados, según las críticas opositoras, para su aprobación en el Congreso y posterior consideración en consulta popular prevista para diciembre.
La oposición sostiene que la reducción de la jornada laboral es presentada por Chávez a los venezolanos como un «caramelo» para que aprueben la reforma, pero que está « envenenado», ya que con él pasarían otras modificaciones de corte «autoritario».
En ese sentido, el ministro de Trabajo, José Ramón Rivero, dijo que esta medida tiene como objetivo «otorgar mayor tiempo libre» a los trabajadores y «generar espacios de esparcimiento». El ministro también aludió a las horas extra, que «serán voluntarias», y aseguró que el salario básico no disminuirá.
El proyecto presidencial ya recibió una primera aprobación en el Congreso, conformada exclusivamente por oficialistas, donde se estimaba que al cierre de esta edición recibiría un segundo aval.
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