Frente a los argumentos del gobierno, organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) sostienen que la ley restringe el acceso a material que los adultos pueden comprar legalmente. Esta prevé multas de hasta 50.000 dólares por introducir material «per-judicial» para los niños en las páginas de Inter-net a las que pueden acceder.
La mayoría consideró que en lugar de condenar a los difusores es preferible hacer hincapié en las nuevas tecnologías y filtrar las imágenes que podrían herir la sensibilidad de los niños. «La utilización de un filtro permite que no se clasifiquen ciertos documentos en una categoría criminal», explicó el juez
