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Manfred Novak, investigador especial sobre tortura de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, declaró al periódico inglés The Guardian que está pidiendo un permiso especial al Foreign Office (Cancillería británica), para visitar en los próximos días Gran Bretaña y discutir con el ministro del Interior, Charles Clarke, acerca de las nuevas medidas.
En un comunicado, el profesor Novak declaró que la intención del gobierno de Tony Blair, de deportar a clérigos "radicales" a sus países de origen, incluso sabiendo que muchas de esas naciones tienen record negativos de abusos de derechos humanos, "refleja una marcada tendencia en Europa para no cumplir las obligaciones internacionales de no deportar a personas que estén en peligro de tortura en sus países".
La intervención del investigador de la ONU, se conoció un día después que Clarke anunció la publicación de una lista de "comportamientos inaceptables", para deportar o negar la entrada al país, a personas que glorifiquen o inciten actos de terrorismo, en respuesta a los atentados del mes pasado en Londres.
El funcionario británico indicó que las primeras exclusiones y deportaciones "se llevarán a cabo en cuestión de días".
Además, criticó duramente las acusaciones de la ONU y reiteró que tras los ataques terroristas del 7 y 21 de julio en Londres "las reglas del juego han cambiado".
"Los derechos humanos de aquellas personas que murieron en el metro londinense tras las explosiones del 7 de julio, son más importantes, para ser honesto, que los derechos humanos de aquellos que cometieron dichos actos barbáricos", comentó el ministro.
"Me gustaría que la ONU analizara los problemas de derechos humanos en el mundo, en lugar de simplemente enfocarse todo el tiempo en el terrorismo", agregó.
Sin embargo, Novak se negó a aceptar las consideraciones de Clarke, y aclaró que Naciones Unidas "está muy preocupada sobre el problema del terrorismo y el anti-terrorismo".
"Pero hay ciertos estándares que deben observarse en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Nosotros, en los países democráticos del Occidente, no debemos sobrepasar los límites y violar las leyes internacionales por la llamada lucha contra el terrorismo", aseveró el investigador de la ONU.
Y admitió que podría citar a las autoridades de Gran Bretaña una vez que presente en la Asamblea General de Naciones Unidos, un reporte anual sobre el problema de las torturas y violaciones de derechos humanos.
En tanto, las medidas antiterroristas británicas elevaron la alarma entre los grupos de derechos civiles y humanos, quienes expresaron "mucha preocupación" por la ley de seguridad del gobierno de Blair.
Bajo la lista de "conductas o comportamientos inaceptables", se encuentra "fomentar, justificar o glorificar la violencia terrorista", "buscar provocar en otros que lleven a cabo actos de terrorismo", fomentar "otras actividades criminales serias", o incitar al odio religioso "que puede llevar a generar violencia intracomunal en Gran Bretaña".
En ese sentido, Peter Kessler, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), declaró que las medidas del gobierno británico "podrían generar la deportación de personas a países con graves problemas de DDHH, y así Gran Bretaña estaría violando sus obligaciones bajo la Convención de Ginebra de 1951".
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