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A instancias de la bancada oficialista (PP), en coordinación con la oposición socialista (PSOE), la Cámara de Diputados tratará hoy el proyecto que habilita la ilegalización de Batasuna, el partido acusado de ser el brazo político de la ETA. El mecanismo prevé que el Congreso tome la iniciativa para pedir a la Corte Suprema que decida si Batasuna se ajusta a los requisitos democráticos estipulados en la nueva norma de partidos políticos.
La ofensiva abre un capítulo conflictivo y con un alcance difícil de prever. Por lo pronto, Izquierda Unida, los nacionalistas vascos mode-rados (PNV) y los nacionalistas catalanes de Convergencia y Unio (CIU, aliado estratégico de Aznar) anticiparon su abstención o rechazo a la iniciativa. Entienden que es al menos riesgoso expulsar de la política a un partido que, aunque reconocen que actúa muchas veces en consonancia con la ETA, cuenta con un respaldo electoral de entre 10% y 17% en el País Vasco y ocupa cerca de mil cargos electivos entre alcaldes, concejales, diputados regionales y diputados ante el Parlamento Europeo.
El veterano presidente (gobernador) de Catalunya,
Sin embargo, la confrontación es mucho más abierta con el Partido Nacionalista Vasco que gobierna en el País Vasco. Aznar acusó en reiteradas oportunidades al Ejecutivo de Vitoria, que fue un antiguo aliado suyo, de «dar preferencia a objetivos compartidos con el extremis-mo. Quienes en su día pactaron con la banda terrorista no quieren terminar con aquella deriva totalitaria», disparó el presidente en alusión al polémico Pacto de Lizarra de 1998 entre todos los nacionalistas, moderados y radicales. Para el PNV, la nueva ley de partidos sólo «persigue a las ideas». Este partido conoce al detalle el peso político de Batasuna en pequeñas localidades del interior del País Vasco y Navarra, en varias de las cuales los radicales gobiernan con holgada mayoría y no hay representantes de partidos de Madrid.
Poco antes de abandonar la isla de Menorca, donde transcurrió sus vacaciones, Aznar prometió que «no les vamos a dar ni un minuto, ni un segundo de respiro. Se acabó el santuario institucional. En el juego democrático no pueden estar los que llevan pistolas», advirtió.
Las vísperas del plenario del Congreso se vieron sacudidas por una amenaza contra una concejal socialista. El pequeño hijo de dos años de la concejal de Muskiz (Vizcaya),
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