Solo en 2025, aproximadamente 565 personas recibieron la muerte asistida. Los números intensifican el debate jurídico y político.
La eutanasia llegó a números récord en España.
A cinco años de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), España registró un nuevo incremento tanto en las solicitudes como en las prestaciones efectivamente realizadas. Durante 2025, 565 personas recibieron la eutanasia, lo que representó un aumento del 32,6% respecto del año anterior. Al mismo tiempo, las peticiones para acceder a este derecho alcanzaron las 1.284 solicitudes, una suba del 38,2% en comparación con 2024.
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Los datos, difundidos por el Ministerio de Sanidad durante una jornada conmemorativa por el quinto aniversario de la norma, confirmaron una tendencia ascendente sostenida desde la aprobación de la ley. En 2021, cuando la regulación comenzó a aplicarse durante algunos meses, se registraron 173 solicitudes, en 2022 fueron 576, en 2023 ascendieron a 766, en 2024 llegaron a 929 y durante 2025 alcanzaron su máximo histórico.
Las estadísticas oficiales mostraron que los pacientes oncológicos representaron el 37% de las solicitudes presentadas durante el último año. Sin embargo, entre quienes finalmente accedieron a la prestación, las enfermedades neurológicas fueron las más frecuentes, con una incidencia del 46%.
A pesar del crecimiento sostenido, las 565 eutanasias realizadas durante 2025 representaron apenas el 0,13% del total de fallecimientos ocurridos en España, lo que equivale a un caso cada 750 muertes.
La cifra continúa muy lejos de la registrada en otros países donde la práctica tiene una trayectoria más extensa. En Países Bajos, por ejemplo, la eutanasia representa el 5,96% de los fallecimientos, mientras que en Canadá alcanza el 5,1% y en Bélgica el 4%.
Uno de los aspectos que más preocupación genera entre especialistas y organizaciones vinculadas al derecho a morir dignamente es la desigual distribución territorial de las solicitudes.
Cataluña encabezó el ranking con 6,14 pedidos cada 100.000 habitantes, seguida por Navarra (5,41) y el País Vasco (5,13). También superaron la media nacional de 2,61 solicitudes por cada 100.000 habitantes comunidades como La Rioja, Baleares, Cantabria, Asturias y Canarias.
En el extremo opuesto aparecieron Murcia, con apenas 0,5 solicitudes por cada 100.000 habitantes; la Comunidad Valenciana (0,9); Extremadura (0,95); y Andalucía (1,24).
La diferencia entre la comunidad con mayor cantidad de solicitudes y la de menor registro llegó a multiplicarse por doce en el último tiempo.
Desde la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) sostienen que esta disparidad no responde a factores demográficos o al envejecimiento poblacional, sino a diferencias en el acceso a la información, la capacitación de los profesionales sanitarios y los criterios aplicados por las comisiones de evaluación que deben autorizar cada procedimiento.
Otro de los desafíos que enfrenta el sistema es la cantidad de personas que mueren antes de completar el procedimiento. Durante 2025, 374 solicitantes fallecieron antes de recibir la eutanasia, lo que representó el 31,5% del total de los pedidos registrados.
De acuerdo con los datos oficiales, 277 de esas personas murieron antes de que la comisión emitiera su informe, mientras que otras 97 fallecieron después de haber obtenido una resolución favorable, pero antes de concretar la prestación.
En los primeros casos, el tiempo promedio transcurrido desde la solicitud hasta el fallecimiento fue de 32,7 días, mientras que en el segundo grupo el promedio ascendió a 104,9 días.
Además, 157 solicitudes fueron rechazadas, equivalente al 13,2% de los procedimientos concluidos, mientras que 91 personas decidieron revocar voluntariamente su pedido, una cifra que representó el 8% del total.
Frente a esta situación, el Ministerio de Sanidad español elaboró un nuevo protocolo destinado a agilizar los procedimientos en los casos más urgentes.
La iniciativa mantiene las garantías previstas por la ley, incluyendo la aprobación del médico responsable, la evaluación de un segundo profesional independiente y el aval de la comisión correspondiente, pero permite acortar algunos plazos cuando la vida o las capacidades del paciente se encuentran en riesgo inminente.
Actualmente, la legislación exige que la persona formule su solicitud en dos oportunidades separadas por al menos 15 días. El nuevo protocolo contempla la posibilidad de reducir ese intervalo en circunstancias excepcionales, siempre que exista una justificación médica fundada.
Sin embargo, la propuesta quedó momentáneamente paralizada tras una discusión en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, luego de que la Comunidad de Madrid solicitara una revisión adicional por parte de expertos externos.
Más allá de las cuestiones administrativas, otro de los focos de debate gira en torno a la intervención de familiares que intentan impedir la aplicación de la eutanasia mediante recursos judiciales.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de Noelia Castillo, quien debió esperar 601 días desde su solicitud debido a las acciones judiciales impulsadas por su padre con el apoyo de organizaciones ultracatólicas.
También adquirió notoriedad el caso de Francesc Augé, un hombre de 54 años cuya eutanasia fue objeto de una prolongada disputa judicial. La controversia se profundizó cuando el Tribunal Supremo estableció una doctrina que habilita a personas con una “vinculación particularmente estrecha” con el solicitante a recurrir las autorizaciones concedidas.
Durante el acto organizado por el Ministerio de Sanidad, la exministra María Luisa Carcedo recordó que la norma contó con un amplio respaldo social al momento de su aprobación, cercano al 80% según diversas encuestas.
Por su parte, la actual ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la implementación de la ley y afirmó que la experiencia acumulada durante estos cinco años permitió demostrar su funcionamiento. “La ley funciona, y además funciona con garantías, con seguridad jurídica y respetando la autonomía de las personas”, sostuvo.
No obstante, reconoció que persisten desafíos importantes, entre ellos la necesidad de reducir las desigualdades territoriales, mejorar la formación de los profesionales sanitarios, ampliar el acceso a la información y evitar que procesos burocráticos o judiciales prolonguen innecesariamente el sufrimiento de personas que ya cuentan con autorización para acceder a la prestación.