Raposa Serra do Sol. Es el nombre de una reserva indígena que hoy está en boca de Brasil entero. Como en una novela de la tarde de TV, en el elenco de actores no falta casi nadie. Aparecen el mismo presidente Lula, la Policía Federal, los militares, la Suprema Corte, el ministro de Justicia, el gobernador del estado Roraima (donde se ubica esta reserva), varias ONG internacionales, agrupaciones de defensa de derechos indígenas, la Iglesia católica, grupos evangélicos, agricultores activistas, un organismo estatal de minería, además de, por supuesto, los indígenas. Juegan un partido a todo o nada.
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El asunto comenzó en 1998, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, cuando se demarcó para esa reserva un área de 16 millones de hectáreas de selva amazónica (un poco más que la mitad de la provincia de Buenos Aires) en el estado de Roraima, limítrofe con Venezuela y Guayana. En abril de 2005, Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto de homologación. Allí comenzó el infierno: la negociación, por un lado, con los 18.000 indígenas (con mayoría de la etnia macuxi, además de uapixanas, ingaricós y turepangos); por el otro, con el estado de Roraima. El gobierno estadual no quiere asumir los costos políticos de «peinar» el área de Raposa Serra do Sol, que hoy ocupan arroceros, grupos clandestinos de explotación minera y ONG supuestamente conservacionistas. Además, Roraima tiene un «karma» con la cuestión aborigen: de sus 405.000 habitantes, 44.000 son indígenas, repartidos en 32 reservas (la más conocida es la yamomani), que ocupan 46% de su territorio.
Para los militares, en cambio, el problema está en que la demarcación de un área continua pondría en riesgo la soberanía nacional. «Si a esa reserva, en el futuro, se le ocurriera independizarse en un enclave como Kosovo de Serbia, o como el Transkei de Sudáfrica...» es su hipótesis de conflicto. Por eso es que en 2007, cuando Lula le pidió ayuda a la Policía Federal a erradicar a los intrusos que ocupaban la reserva, se negaron. También están en contra de la demarcación continua, los grupos evangélicos, de fuerte presencia en la región. Al revés que la Iglesia católica, acostumbrada desde hace siglos a grandes superficies en los mapas, los evangélicos hacen su labor en pequeñas comunidades.
Los agricultores «intrusos» que hoy producen arroz en la reserva, llegaron en los 80. Ellos también plantean el argumento de la soberanía y previenen que Raposa Serra do Sol sería un estado indígena independiente. Ponen, por las dudas, el dedo en la llaga: «Es la zona geográfica de Cabeza de Cachorro, fronteriza con Colombia y Venezuela, por donde entran las FARC». Los arroceros cuentan con la adhesión de 4.000 de los indígenas, que trabajan -como esclavos, a cambio sólo de la comida- en sus cultivos. Del 27 de marzo al 11 de abril, 500 hombres de la Policía Federal iniciaron la Operación Upatokon 3 para erradicar a los arroceros intrusos. Fue un fracaso. Los arroceros, amotinados, y con un estilo piquetero de importación, cortaron puentes, volaron otros y amenazaron con bombas caseras a cualquiera que quisiera traspasar sus tranqueras. La PF pidió otra vez la ayuda de los militares. Un día antes de que entrasen al área, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) ordenó suspender toda intervención federal en la reserva hasta tanto no se expida sobre la cuestión. Será en 60 días. Mientras tanto, frente a tamaño revuelo, el ministro de Justicia, Tarso Genro, definió a la resistencia de los arroceros como «ilegal, con actitudes cuasi terroristas de sabotaje». Los acusó también de «buscar el apoyo de Chávez» para organizar sus represalias.
Aunque en algunos medios de prensa repicó lo de la « internacionalización» de la reserva Raposa Serra do Sol, las palabras del presidente Lula buscaron calmar los ánimos: «Está llegando el estado de derecho a Roraima». Es lo que Brasilia busca, sobre todo desde que el Departamento de Investigación Mineral (DNPM) declarara que la reserva se asienta sobre uno de los mayores yacimientos de oro del mundo.
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