Mesa ofrece concesiones para frenar conflictos

La idea del mandatario es reformular el sustento político y social para su gobierno y neutralizar, también con concesiones, la heterogénea ola de conflictos sociales que paralizaron El Alto y Santa Cruz y que, según informó hoy la agencia Bolpress, amenazaba con extenderse a Cochabamba y La Paz.

Pero el respaldo de los senadores del MAS, principal partido político de Bolivia desde el punto de vista electoral, no fue compartido por el líder de esa fuerza izquierdista, Evo Morales.

Morales dijo que con el bloque que propone el presidente Mesa "sólo se rodeará de tránsfugas de los partidos tradicionales", informó hoy en su edición electrónica el diario paceño La Razón.

El líder del MAS había criticado ayer la amenaza de Mesa de dimitir si se desbordaban las protestas sociales.

"Si renuncia, ingresa (como presidente el titular del Senado) Hormando Vaca Díez y la mafia y los más maleantes van a tomar el poder", advirtió.

Los principales líderes del MAS en el Senado, Filemón Escobar y Carlos Sandy, desde el año pasado en disidencia con Morales, dijeron que al menos 10 legisladores de esa Cámara se alinearán con el presidente.

"Por principio y convicción, vamos a defender a rajatabla al presidente Mesa", declaró Escobar, para quien los movimientos sociales de la ciudad de El Alto y de Santa Cruz no deben "incurrir en el error" de acortar el mandato del jefe de Estado.

Sandy explicitó la intención de su bancada, la mayor del Senado, de "coordinar acciones" desde el Parlamento con el Ejecutivo a fin de impulsar "la agenda de octubre", incluidas la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Aludió así a los compromisos con los que asumió Mesa después de generalizadas luchas sociales, reprimidas con decenas de muertos, que forzaron el 17 de octubre de 2003 la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el caudillo neoliberal del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

El diputado de este partido Hugo San Martín se apartó esta semana de su bancada, al parecer dispuesto a sumarse al "bloque patriótico", y denunció que un sector del MNR, afín a Lozada, está interesado en derrocar a Mesa.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossio (MNR), opinó que "no es lo más sano" crear un bloque como el propuesto por Mesa sin antes redefinir el escenario político.

En el mismo sentido se pronunciaron el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR), que fueron parte del gobierno de Lozada, junto al MNR.

Los alcaldes de La Paz, Juan del Granado, y de El Alto, José Paredes, electos al margen de los partidos tradicionales en los recientes comicios municipales, se sumaron a la propuesta de Mesa de integrar un bloque político que abarque también a líderes sociales, incluso los que encabezan protestas.

El ministro de la Presidencia, José Galindo, afirmó que la idea de un nuevo bloque es dar viabilidad en el Congreso a la aprobación de leyes vitales, pero que no se trata de una bancada oficialista ni de crear un partido político.

En tanto, los principales conflictos sociales se concentran en El Alto, la populosa y empobrecida ciudad aledaña a La Paz, donde juntas vecinales reclaman la expulsión de la transnacional Aguas del Illimani, a la que atribuyen incumplimientos en los servicios de agua potable y alcantarillado.

Por su parte, los llamados comités cívicos de Santa Cruz, dominados por empresarios y políticos de derecha, iniciaron ayer un paro por 48 horas que culminaba hoy, para reclamar la anulación de un aumento en el precio del diesel.

Los recientes incrementos en los precios de los combustibles motivaron también protestas de otros movimientos sociales, como la Central Obrera de Bolivia (COB), distante de los comités cívicos regionalistas de Santa Cruz y Tarija en otros temas.

El gobierno buscó esta semana desactivar los conflictos con concesiones como una fuerte rebaja en el costo de la conexión de los servicios de agua y alcantarillado en El Alto, y ayer aceptó desvincular a la prestadora Aguas del Illimani aunque de modo "concertado", para evitar demandas indemnizatorias.

Pero Abel Mamani, de la combativa Federación de Juntas Vecinales alteña, exigió al gobierno que "garantice la salida inmediata de Aguas del Illimani por una libre decisión" y ratificó hoy la continuidad de la protesta.
A su vez, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió el "respeto a la seguridad jurídica" y rechazó "cualquier medida arbitraria que pueda significar la vulneración de los derechos de la empresa Aguas del Illimani".

"No aceptamos que la iniciativa privada sea vulnerada por la presión social", declaró a la prensa el vicepresidente de la CEPB, Fernando Quiroga.

La cámara patronal exige además una nueva Ley de Hidrocarburos que tome en cuenta los intereses de las petroleras trasnacionales favorecidas con concesiones en los años '90, durante el gobierno de Lozada, después de la privatización de la estatal YPFB.

En cuanto a Santa Cruz, el Ejecutivo anunció anoche rebajas de impuestos y la reprogramación de deudas de empresas agropecuarias, entre otras concesiones, pero los comités cívicos insistieron en su reclamo de retrotraer el precio del diesel.