El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega aprobó por decreto unas reformas al presupuesto nacional de 2008 al margen de la Asamblea Nacional (Parlamento), único poder del Estado con atribuciones constitucionales para aprobar políticas en materia presupuestarias y fiscales, informa un rotativo local.
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Las reformas presupuestarias habían sido bloqueadas por las bancadas opositoras en el plenario del Congreso como forma de rechazar un presunto fraude electoral en los comicios municipales de noviembre pasado y para exigir el recuento de votos.
"El Nuevo Diario" publica el texto completo de una misiva del presidente Ortega a su ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, instruyéndolo "por el interés nacional" a incorporar en el Presupuesto General de la República 2008 modificaciones presupuestarias contenidas en el Decreto número 78-2008 "que estoy aprobando y remitiendo a su despacho".
La decisión de Ortega estaría violando la Constitución de Nicaragua al "saltar" sobre el Parlamento nacional y estaría mostrando "incapacidad de lidiar con la crisis institucional" optando "por el poder totalitario que le daba la Constitución original de 1987", asegura el rotativo.
Ortega asegura en su misiva fechada el 26 de diciembre que "la crisis financiera internacional ha impuesto restricciones a la economía que podrían afectar la actividad económica y el financiamiento a los programas y proyectos de interés social".
Agrega que "así mismo la actual parálisis legislativa está impidiendo la aprobación de leyes económicas del interés público y del pueblo nicaragüense".
La Asamblea Nacional de Nicaragua, integrada por 92 legisladores, no aprobó las reformas presupuestarias remitidas por el presidente Ortega como mecanismo de presión para obligar a las autoridades electorales del país a revisar las actas de escrutinio de votos de los comicios municipales del nueve de noviembre pasado.
Tampoco aprobó el Presupuesto General para el año 2009 y un paquete de leyes ligadas al programa económico trianual suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la comunidad de donantes que suministran divisas líquidas para subsanar la brecha presupuestaria del país, hecho que pone en riesgo un monto de aproximadamente 120 millones de dólares.
Organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que anunciaron la aprobación de nuevos fondos para proyectos de desarrollo, han advertido que no desembolsarán tales recursos si no son debidamente aprobados por el poder legislativo, tal como corresponde por precepto constitucional.
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