Caracas (AFP) - Una decisión legislativa del estado venezolano de Bolívar, que ordena al diario opositor «Correo del Caroní» desalojar su edificio sede para demolerlo «para recuperar espacios públicos», desató una nueva polémica sobre la relación entre la prensa y el gobierno en Venezuela.
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David Natera, presidente y editor del rotativo, advirtió ayer que las autoridades «tendrán que sacar a la fuerza» a sus trabajadores si se atiende el exhorto del consejo legislativo regional, que desea «recuperar espacios públicos en áreas de recreo».
Natera, también presidente del Bloque de Prensa de Venezuela, calificó de «irregular» la medida adoptada el viernes por el legislativo regional, que acusó al diario de violar disposiciones urbanas en la ciudad de Puerto Ordaz.
El consejo legislativo sostiene que el edificio donde funciona desde hace 30 años el periódico fue construido en una zona no industrial, y por ello pidió al municipio en Puerto Ordaz desalojarlo, demolerlo y erigir un parque público.
Acusaciones
El editor no descartó acudir al Consejo Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el caso. Además, recordó que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció sobre la posición del legislativo contra el diario.
Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Watch y Amnistía Internacional acusan al gobierno de Hugo Chávez de permitir agresiones contra periodistas y órganos de prensa. El gobierno ha rechazado reiteradamente estas denuncias.
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