Fernando Lugo (izquierda), quien asumirá hoy el poder en Paraguay, se mostró ayer en
Asunción con el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz (derecha), quien colaborará
como asesor.
Asunción (DPA, EFE, AFP, ANSA, Reuters) - El ex obispo católico Fernando Lugo asumirá hoy como presidente de Paraguay, el primero en 61 años que no pertenece al Partido Colorado, con el objetivo declarado de luchar contra la pobreza y la corrupción.
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El inicio de la transición política que supone la salida del coloradismo y la bonanza económica que vive el país hacen que las expectativas de la población acerca de su gobierno sean muy altas.
Observadores advirtieron, al respecto, que esas esperanzas podrían jugarle en contra. «Sería muy razonable que se diga que no todos los objetivos pueden ser alcanzados inmediatamente y que hay que establecer prioridades», dijo el analista económico Ricardo Rodríguez Silvero.
Lugo jurará en una ceremonia que reunirá a casi un centenar de delegaciones extranjeras. Diez mandatarios llegarán al país, entre ellos la argentina Cristina de Kirchner, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el venezolano Hugo Chávez, el boliviano Evo Morales, el nicaragüense Daniel Ortega y el ecuatoriano Rafael Correa. Entre los sudamericanos estarán ausentes, en cambio, Alvaro Uribe, de Colombia, y Alan García, de Perú.
Alianza
El ex obispo entrará al Palacio de los López, sede del gobierno, tras haber ganado las elecciones con poco más de 40% de los votos, representando una alianza variopinta de centroizquierda que aglutinó a la mayor parte de la oposición al Partido Colorado.
Las peleas entre sus aliados, evidenciadas aun antes de su asunción por los nombramientos en el gabinete, y la falta de mayoría propia en el Congreso son temas que el nuevo mandatario deberá atender. Para sortear el segundo de esos obstáculos, Lugo ya cerró un acuerdo de gobernabilidad con el sector político que responde al ex general Lino Oviedo y se mostró abierto a realizar un permanente ejercicio de negociación política.
Lugo, que recibe una economía en fuerte expansión gracias al aumento de las exportaciones de soja y carne vacuna, prometió extender esa bonanza a los sectores más pobres de la sociedad. Con ese fin, ayer anunció que estudia aplicar un impuesto al sector agropecuario para hacer política social, en una medida que se perfila como urticante en un país tan dependiente del sector agropecuario y que es el cuarto exportador mundial de soja.
«Vamos a estudiar la posibilidad real. Primero implementar ya el impuesto a la renta personal. A esto se suman los otros impuestos que ya habíamos anunciado que estudiaremos con los diferentes sectores como, por ejemplo, el agro», dijo en una entrevista publicada ayer por el diario local «ABC». Asimismo, estimó que el país tiene la presión impositiva más baja de la región y que es necesario imponer un mayor cumplimiento tributario.
Su anuncio sobre un impuesto al sector agropecuario hizo recordar a los observadores el grave conflicto que sacudió a la Argentina por más de cuatro meses, cuando el gobierno de Cristina de Kirchner decidió en marzo incrementar las retenciones a los productores de soja, medida finalmente frenada en el Congreso.
Pero Lugo, que será asesorado por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, sube la apuesta, y planea, además, relevar las propiedades de tierra para poner en marcha una reforma agraria.
Si la mejora de los indicadores sociales será su gran prioridad, el otro eje del gobierno de Lugo será, según prometió, el combate a la corrupción y el clientelismo, prácticas que asocia al largo reinado del Partido Colorado.
La ministra de la Secretaría de la Función Pública entrante, Lilian Soto, precisó que Paraguay, de más de 6 millones de habitantes, tiene 215.000 empleados públicos, de los cuales 42.000 ingresaron durante el mandato del presidente saliente, Nicanor Duarte Frutos.
Los estatales son en su mayoría colorados y están temerosos de perder privilegios y cargos, otro punto que prenuncia roces con el partido que retuvo la primera mayoría en las cámaras del Congreso que entró en funciones el 1 de julio último.
Duarte, quien finalmente recibió ayer el visto bueno de la Corte Suprema para asumir como senador activo y elegido -no vitalicio-, ha sido duramente criticado por el manejo a favor del sector oficialista del partido de las millonarias donaciones recibidas de Taiwán, que tiene a este país como único aliado en Sudamérica, para construir viviendas populares, así como el de los fondos sociales aportados de Itaipú, la hidroeléctrica que este país comparte con Brasil.
