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En una carta enviada al gobierno el pasado 16 de abril, las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) señalaron igualmente que abandonarán sus zonas de influencia en los departamentos de Meta (centro), Vichada, Guaviare y Caquetá (sur).
Según la organización de ultraderecha, esa última determinación traerá como consecuencia la incursión de la guerrilla en varios municipios de la zona, situación que, advirtió, desencadenará una ola de desestabilización.
Los paramilitares dijeron que la ruptura de los acercamientos con el gobierno se debe principalmente a la persecución desatada en su contra por el Ejército colombiano y al silencio del comisionado presidencial para la paz, Luis Carlos Restrepo, frente a esos hechos.
"Mal hace el comisionado y sus asesores, en pedirnos en estos momentos 'confidencialidad', cuando los hechos son tozudos: estamos poniendo los muertos y soportando toda una sucia propaganda en nuestra contra frente a su displicente y preocupante silencio", indicaron las ACC en su misiva, divulgada por el diario bogotano "El Tiempo".
Con la determinación de las autodefensas ilegales de Casanare, se eleva a tres el número de grupos paramilitares que no participan en los acercamientos de paz con el gobierno del presidente Alvaro Uribe.
A instancias de las autoridades eclesiásticas, el gobierno y un sector mayoritario de los paramilitares mantienen desde el pasado 22 de enero una serie de reuniones exploratorias encaminadas a propiciar un acuerdo de paz y desmovilización.
Los contactos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, requeridos en extradición por Estados Unidos- han transcurrido en medio de un total hermetismo y de la tregua que mantiene esa organización desde el 1 de diciembre.
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