Lima (Télam/SNI).- El gobierno de Perú autorizó ayer el despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar servicios y públicos y en apoyo a la policía en el departamento de Tacna ante el recrudecimiento de la protesta social contra la reducción del canon minero de la región.
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Esas protestas son descriptas en la disposición gubernamental como planes de organizaciones y agitadores sociales que "vienen preparando acciones de violencia en esa jurisdicción", informó ayer el diario oficial El Peruano, citado por la agencia italiana de noticias ANSA.
El apoyo militar está previsto hasta el 7 de noviembre, y el control del orden interno seguirá a cargo de la policía, precisó la resolución publicada en el diario oficial.
La disposición establece que las Fuerzas Armadas contribuirán a "garantizar y contribuir al funcionamiento normal de los servicios públicos esenciales" y "resguardar puntos críticos vitales" coordinados localmente para el normal desarrollo de las actividades de la población.
"No existirá de modo alguno restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Perú es parte", promete el texto oficial.
El ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, explicó que el "apoyo" de las Fuerzas Armadas a la policía tiene por objetivo que esa fuerza se concentre en preservar el orden público en las calles de Tacna, y no que los militares hagan esa labor.
Indicó que gracias a ese apoyo, que se dispuso en otras ocasiones, los policías encargados del resguardo de servicios públicos esenciales, como el aeropuerto o instalaciones eléctricas, quedarán libres para encargarse del orden interno.
"No es que las Fuerzas Armadas estén en las calles sino que sustituyen temporalmente a la Policía en estos sitios especiales, como los aeropuertos", declaró.
En la región de Tacna, 1.293 kilómetros al sur de Lima, se registraron manifestaciones de protesta contra una ley que reduce los ingresos que genera la producción minera en esta ciudad en beneficio de la vecina región de Moquegua.
Las manifestaciones y la represión policial causaron daños a propiedades estatales y privadas, así como decenas de heridos, entre ellos un manifestante declarado en muerte cerebral.
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