La norma obliga a las empresas que subcontratan personal a velar por el pago de los salarios y los correspondientes impuestos. Además, limita a seis meses los contratos temporales de este tipo y prohíbe celebrarlos para reemplazar a trabajadores en huelga.
Esta modalidad ha alcanzado proporciones colosales en este país, al punto de que ya 20% de las tareas centrales de las empresas están subcontratadas.
Ocurre que los empresarios pusieron el grito en el cielo.
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