El TPI entró en vigor el 1 de julio de este año y establece la creación del órgano judicial para juzgar a individuos responsables de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad. Estados Unidos sostiene que ahora sus soldados y funcionarios pueden verse obstaculizados en su lucha contra el terrorismo, y apeló a acuerdos bilaterales para exceptuar a sus ciudadanos de la órbita del TPI. «Apenas buscamos defender nuestra sociedad de posibles agresiones, conforme nos ha permitido la ONU», dijo Hrinak al defender la política de su país. Barbosa negó la especie y aseguró que «nosotros estamos participando de las negociaciones para el ALCA, pero eso es todo lo que hay», aseguró.
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