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Ese tribunal, con sede en Estrasburgo (Francia), rechazó hoy la demanda interpuesta contra el Reino Unido por Pretty, quien pedía se autorizase a su marido a ayudarla a morir dignamente.
Tras conocerse el fallo del tribunal europeo, Diane, de 43 años, y su marido, Brian Pretty, convocaron hoy a la prensa en Londres para lanzar una campaña con la que quieren conseguir que el Gobierno británico reglamente la eutanasia voluntaria.
La pareja pidió a los ciudadanos británicos que firmen un petitorio en un nuevo sitio de Internet para impulsar la modificación de la ley vigente en el Reino Unido, considerada la más atrasada de Europa en materia de eutanasia.
La enferma, que está parapléjica del cuello para abajo, había iniciado el año pasado en el Reino Unido una batalla legal para impedir que su marido fuera procesado si la ayudaba a morir, pero todos sus recursos fueron rechazados.
A través de su marido, la enferma manifestó hoy su decepción y tristeza porque la ley le quitó el derecho a recibir ayuda para elegir qué hacer con su vida.
Pretty, a quien se le diagnóstico la enfermedad hace dos años, no recurrirá a la Gran Cámara de la Corte Europea de Derechos Humanos, a cargo de 17 jueces, porque ese tribunal es utilizado por Gobiernos europeos para casos muy excepcionales.
Según Brian, "la salud de mi esposa se deterioró notablemente debido a los avatares del proceso ante el tribunal de Estrasburgo. No puedo decir nada más por ahora, tengo muchas cosas en la cabeza".
Su abogada Mona Arshi, miembro del grupo pro derechos humanos "Liberty", instó al Gobierno británico "a tomar medidas, no sólo por Diane, sino por todas aquellos que están en situación similar".
Siete jueces del Tribunal de Derechos Humanos - máxima instancia judicial de Europa- dictaminaron hoy por unanimidad que la voluntad de Diane es contraria a la Ley británica de Suicidio de 1961.
En el veredicto, los jueces determinaron que "el derecho a la muerte en manos de un tercero o de autoridades públicas no puede derivarse de la ley que criminaliza el suicidio asistido".
La enferma, madre de dos hijos, considera que el tratamiento que la mantiene con vida es "inhumano y degradante" y, según ella, vulnera la Convención de Derechos Humanos.
Según la legislación británica sobre suicidio, cualquier persona que ayude a otra a quitarse la vida puede ser condenada a catorce años de cárcel.
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