Bogotá (Reuters, AFP) - En lo que constituyó una purga sin precedentes, el gobierno de Colombia destituyó ayer a 27 efectivos del ejército, incluidos tres generales, presuntamente implicados en casos de desapariciones, asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos.
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La decisión oficial se conoció en momentos en que grupos defensores de los derechos humanos acusan a las Fuerzas Armadas de cometer abusos en medio de su lucha contra la guerrilla izquierdista, escuadrones de ultraderecha y el narcotráfico.
El escándalo que originó las destituciones se relaciona con la desaparición de al menos 19 jóvenes de un barrio obrero al sur de Bogotá, que posteriormente aparecieron muertos en el departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
Las autoridades militares habían asegurado inicialmente que las víctimas murieron en combates con patrullas del ejército y que formaban parte de grupos armados ilegales conformados por antiguos paramilitares.
El presidente, Alvaro Uribe, reveló que «puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos».
«Nosotros no podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia asesinando víctimas inocentes», dijo Uribe al anunciar las destituciones.
Crímenes
«Estos hallazgos muestran que en algunas instancias del ejército ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes que son resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército», precisó el mandatario.
La decisión de Uribe se produjo un día después de que Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que se suspenda la ayuda militar al país por las violaciones a los derechos humanos.
En tanto, un informe publicado ayer por un centenar de ONG denunció que en los «18 meses transcurridos entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008 hemos registrado que 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública».
El informe, preparado por la Misión Internacional de Observación, añadió que «entre julio de 2002 (un mes antes de la asunción de Uribe) y diciembre de 2007, se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la fuerza pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002», durante el gobierno de Andrés Pastrana.
Entre los militares destituidos hay dos comandantes de división, tres comandantes de brigada y dos comandantes de batallón.
«Esta negligencia pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del ejército con delincuentes externos que gozaban de impunidad, a cambio de contribuir al logro de resultados irregulares que van en total contravía de la Política de Seguridad Democrática», dijo, por su parte, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
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