La oposición ha denunciado recientemente que algunas figuras contrarias al gobierno, incluidos empresarios, han sido citados a declarar ante los organismos policiales que investigan los sucesos de abril en Venezuela, que prologaron el efímero golpe de Estado de la madrugada del 12. Igualmente, ha denunciado como ilegal el intento del gobierno de procesar administrativamente a altos oficiales acusados por el golpe que sacó a Chávez del poder por 47 horas, argumentando que el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia sobre el caso al negarse a enjuiciar penalmente por rebelión militar a cuatro de ellos el pasado 14 de agosto.
El presidente de Fedecámaras confirmó que el 4 de noviembre efectuarán una gran marcha hacia el céntrico Consejo Nacional Electoral para entregar dos millones de firmas, solicitando un referéndum consultivo sobre la crisis política del país.
El propósito es, entonces, someter a referéndum consultivo la posibilidad de anticipar elecciones generales con las cuales aspiran a sacar del poder a Chávez, quien sobrevivió hace seis meses a un fugaz golpe de Estado.
La Constitución exige que la consulta popular sea aprobada por la mayoría del Parlamento nacional (donde Chávez cuenta con unos 85 de los 165 diputados que lo integran) o debe ser exigida por 10% del electorado, cifrado en un total cercano a 12 millones de votantes.
La oposición exige «elecciones ya» y se niega a esperar un referéndum revocatorio sobre el mandato de Chávez, previsto constitucionalmente para agosto del próximo año, cuando el presidente cumplirá la mitad de su período de gobierno.
El adelanto del referéndum revocatorio implicaría una enmienda de la Carta Magna para recortar el período de mandato de Chávez, de seis años.
Por su parte, el secretario de la opositora Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV),
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