Poco antes del previsto envío de observadores árabes a Siria, el presidente Bashar al Assad aprobó por decreto duras sanciones que irían hasta la pena de muerte para los responsables de armar a los "terroristas", informaron hoy medios estatales. El decreto también impone la cadena perpetua con trabajos forzados para los condenados que se beneficien con estos actos.
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"La ley contempla la pena de muerte para cualquiera que proporcione armas o ayude a suministrar armas destinadas a realizar actos terroristas dentro del país", informó la agencia de noticias oficial Sana. El decreto impone también cadena perpetua con trabajos forzados para los condenados por tráfico de armas para quienes "se beneficien o realicen actos de terrorismo" y 15 años de trabajos forzados para el tráfico de armas con otros propósitos.
Las autoridades sirias culpan de los disturbios en el país que se viven desde mediados de marzo a "grupos terroristas" financiados por países árabes u occidentales que pretenden desestabilizar Siria. La deserción es cada vez mayor en las filas del Ejército, pero los desertores suelen tener sólo armas ligeras, aunque en algunas ocasiones se llevan también armamento pesado.
Al menos cien personas, entre ellas civiles y militares desertores, murieron en las últimas 24 horas en Siria en acciones de las fuerzas de seguridad y el ejército, informaron el observatorio para los derechos humanos y los comité que coordinan las protestas. Además, reportaron que entre 60 y 70 desertores que intentan huir en Kansafra y Kfar Awid, en la región noroeste de Idlib, fueron muertos por fuerzas del régimen. Los comités que coordinan las protestas, por su parte, informaron que fueron al menos 40 los civiles muertos ayer en Homs, Daraa, Idlib, Dayr az Zor, Damasco y Hama.
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