Oficinas de abogados sostuvieron que "hay mucha incertidumbre". Desde el PSOE instaron a que esta situación "se resuelva cuanto antes" mientras la suspensión cautelar se deriva de los recursos contencioso-administrativos presentados meses atrás por las formaciones políticas Vox y Iustitia Europa.
El Tribunal Supremo de España ordenó, mediante una medida cautelar, suspender el derecho al voto de quienes cuentan con ciudadanía por ley de Nietos. Así, no podrán inscribirse en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) aquellos que obtengan la nacionalidad por medio de la disposición adicional octava de la norma.
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Se trata de una decisión de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese tribunal, que hasta alcanzar una sentencia firme implica que los beneficiarios de la nacionalidad por esta vía —tanto los que ya la han conseguido como los que tienen su expediente en trámite— no podrán votar en los próximos comicios que se convoquen.
Al respecto, la directora del despacho de abogados VCA Firm Nathaly Alviarez expresó que "hay mucha incertidumbre" en diálogo con CNN. Su oficina es una desde donde se gestionaron decenas de nacionalidades por medio de esta ley aprobada en el año 2022.
Así, tan solo preservarán este derecho aquellos con una certificación acreditativa consular de que son hijos o nietos de españoles “que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia, orientación o identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”, según reza el auto judicial.
Los más angustiados, cuenta Alviarez, son aquellos que todavía tienen su proceso en curso, dado que sin sentencia firme desconocen el alcance de la medida. Otros no saben si deberán presentar más documentación para completar su expediente, como por ejemplo, “acreditar esa condición de exiliado”.
La suspensión cautelar se deriva de los recursos contencioso-administrativos presentados meses atrás por las formaciones políticas Vox y Iustitia Europa. Ambos partidos habían acudido previamente a la Junta Electoral Central (JEC) para solicitar la misma medida por considerar que el voto CERA de los nacionalizados por la “ley de Nietos” no ofrece el mismo “nivel de garantías” que el exigido para el voto por correo emitido en el territorio nacional.
Tras la decisión del tribunal, la reacciones en la esfera política no se hicieron esperar. Entre los primeros que la celebraron están los miembros de Vox, quienes durante este tiempo acusaron al gobierno español de querer perpetrar un fraude electoral “adulterando” el censo por vía de esta ley.
Por su parte, desde el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), manifestaron que no comparten la posición del Supremo, pidiendo que resuelva “cuanto antes” el fondo de la cuestión.
Francesc Augé, un hombre de 56 años de cataluña, se encuentra hospitalizado en Barcelona tras un intento de suicidio del pasado fin de semana en su casa. El hecho ocurrió mientras el catalán espera que la Justicia defina su solicitud de eutanasia, que ya lleva 768 días en análisis.
Los bomberos y la Policía lo encontraron con vida en su domicilio, junto a una nota en la que cuestionaba la decisión judicial que había impedido avanzar con su muerte asistida. "Su decisión me ha obligado porque me han parado la eutanasia", escribió. Augé ingresó inicialmente a un hospital con un cuadro de intoxicación y posteriormente fue trasladado a otro centro sanitario, donde continúa internado en el área de psiquiatría.
El gobierno regional de Cataluña había autorizado en agosto de 2024 la eutanasia de Augé, de 56 años, quien quedó con secuelas en el movimiento y el habla luego de sufrir tres ictus y dos infartos en 2020. Sin embargo, su padre, de 96 años, presentó hace dos años un recurso ante los tribunales y consiguió paralizar el procedimiento. La familia decidió finalmente retirarse del proceso judicial, aunque la Justicia todavía no reactivó la muerte asistida de Augé.