Según la acusación, los delitos fueron cometidos durante su gestión al frente del municipio de la capital paulista entre 1993 y 1996. Los fiscales pidieron el bloqueo de los bienes de la familia Maluf, de sus empresas, y la restitución del dinero «desviado» al estado municipal, además de demandar a los cuatro hijos del empresario, entre otros familiares.
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