La Asamblea Legislativa francesa se reunió ayer en el Palacio
de Versalles. Un solo voto -curiosamente emitido por
un socialista disidente- le dio el triunfo a la reforma constitucional
de Nicolas Sarkozy, que delimita mejor los poderes
del Estado.
París (EFE, AFP) - El Parlamento francés ratificó ayer, con sólo un voto más del mínimo requerido, la reforma constitucional impulsada por el presidente francés Nicolas Sarkozy, que se salvó así de lo que habría sido el primer gran fracaso de su mandato.
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Teniendo en cuenta que Sarkozy multiplicó las llamadas a los legisladores de su partido, el conservador UMP, y de otras formaciones, se trató, en palabras de un dirigente de la oposición socialista, de un resultado «patético». Reaccionaba, seguramente, al hecho de que la defección de uno de sus miembros terminó volcando la votación.
El proyecto de modernización de las instituciones fue aprobado por 539 votos a favor (la mayoría requerida era de 538 votos, 60% de los sufragios emitidos) y 357 en contra, por los senadores y diputados reunidos en Congreso en el Palacio de Versalles, a las afueras de París.
Aunque se preveía un voto ajustado -el primer ministro, François Fillon, había advertido de que «cada voto contará»- el único sufragio de diferencia sorprendió a todos y representó el margen más estrecho para una revisión de la carta magna desde su alumbramiento, en 1958.
«Es la democracia francesa la que ganó», dijo Sarkozy desde Dublín, donde efectuaba una visita como presidente de turno de la Unión Europea (UE), tras el «no» irlandés al tratado de Lisboa. «No ganó un bando contra otro. Es el campo del movimiento, del cambio y de la modernidad el que prevaleció sobre el bando del inmovilismo, de la rigidez y del sectarismo», afirmó, al expresar su «alegría» por la aprobación de esta vigésimocuarta revisión constitucional.
Sarkozy dio las gracias a su mayoría parlamentaria conservadora, a los centristas, a los radicales de izquierda, y a «personalidades de izquierda que aportaron su voto a esta reforma». Fue ésta una alusión al socialista Jack Lang, quien había anunciado que votaría la reforma por haberla inspirado «en parte» como miembro de la comisión que hizo las propuestas a partir de las cuales el gobierno elaboró el proyecto de ley, que fue ampliamente retocado a su paso por el Parlamento.
Sobre el ex ministro Lang cayeron todas las críticas del Partido Socialista. «Fue el único del partido que no siguió el juego de la solidaridad colectiva», afirmó el jefe del grupo del PS en la Cámara de Diputados, Jean-Marc Ayrault, al lamentar «profundamente» esta «ruptura».
Los socialistas, comunistas y verdes habían anunciado que votarían contra la revisión por su «deriva presidencialista», porque no contiene las medidas reclamadas (como un cambio en el sistema electoral o el derecho de voto de los extranjeros en comicios locales) o porque la derecha «se negó a un diálogo constructivo».
Poderes
El líder de la Cámara de Diputados, Bernard Accoyer (UMP), quien votó ayer, algo inusual, recordó que la creación de la República francesa fue aprobada en Versalles por un voto.
El texto, mucho más modesto que la visión que Sarkozy defendió durante su campaña por el Elíseo, amplía los poderes del Parlamento (a expensas del gobierno), delimita los del presidente y da nuevos derechos a los ciudadanos.
La revisión pretende reequilibrar las instituciones, unos años después de que se haya recortado el mandato presidencial a cinco años (el mismo período que la Legislatura) e invertido el calendario electoral para que los comicios legislativos sigan a los presidenciales.
El texto limita a dos los mandatos sucesivos del jefe de Estado y permite al Parlamento vetar, bajo condiciones, importantes nombramientos, pero, en contrapartida, otorga al presidente la posibilidad de hablar ante las dos cámaras reunidas en Congreso.
Otras cláusulas dan más derechos al Parlamento y a los ciudadanos, que podrán pedir referendos y recurrir ante el Constitucional y contarán con un defensor de sus derechos.
La reforma tiene también implicaciones de política exterior. Mantiene la obligatoriedad de someter a referendo toda futura ampliación de la Unión Europea (UE) -incluida por tanto la eventual adhesión de Turquía rechazada por una mayoría de los franceses-, pero abre la posibilidad de que el jefe de Estado opte por la vía parlamentaria si se lo piden los legisladores.
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