Montevideo (Télam, AFP, Reuters, ANSA) - No podrá ser extraditado a la Argentina ninguno de los ocho militares y policías que fueron procesados el lunes por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) mientras dure el juicio y hasta que cumplan en Uruguay sus respectivas condenas.
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El juez Luis Charles, en una decisión inédita desde la caída del régimen de facto en 1985, procesó a los oficiales del ejército José Nino Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ernesto Ramas y Luis Maurente, y a los policías Ricardo Medina y Ernesto Soca.
La medida fue tomada por la supuesta responsabilidad de los acusados en la desaparición en 1976 de los uruguayos Adalberto Soba, Alberto Mechoso, León Duarte y Gerardo Gatti, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que estaban recluidos en el campo de interrogatorios y torturas Automotores Orletti, en Buenos Aires. Los uniformados también son reclamados para su juzgamiento por los jueces argentinos Guillermo Montenegro, Daniel Rafecas y Norberto Oyarbide, quienes les imputan cargos de asociación ilícita y privación ilegal de libertad, entre otras causas por la desaparición de 70 prisioneros detenidos en Automotores Orletti, muchos de ellos uruguayos.
Caso Gelman
Entre otros casos, la Justicia argentina quiere aclarar el secuestro en Buenos Aires en 1976 y el posterior asesinato en Montevideo de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman.
Por ese motivo, si los procesados fueran condenados en Uruguay, los magistrados argentinos deberían esperar más de una década para volver a reclamar las extradiciones.
Por este hecho se suscitaron diferentes reacciones en el ámbito político y social de Uruguay.
Mientras que la izquierda, los sindicatos y las organizaciones defensoras de los derechos humanos recibieron con aplausos la decisión del juez Charles, otros sectores cuestionaron la decisión del magistrado.
La mesa política de la oficialista coalición de izquierda Frente Amplio (FA) celebró con un fuerte aplauso el fallo judicial.
Pero el dos veces presidente, del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), cuestionó los procesamientos y la interpretación que el gobierno ha dado a la Ley de Caducidad (amnistía), aunque habilitó investigar lo sucedido.
Esa ley prevé que ante la presentación de denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, la Justicia debe consultar al Poder Ejecutivo, que determina si los casos están o no amparados por la norma.
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