La oposición en Uruguay abre una puja por el color de las boletas del referendo

La campaña a favor de derogar 135 artículos de una ley clave del gobierno cuestionó que al oficialismo se le asigne el color celeste, identitario del país.

Campaña por el Sí en Uruguay.

Gentileza: @VotáSíUy

Un día después de que la Corte Electoral de Uruguay convocara a un referendo contra 135 artículos de una ley fundamental para el Gobierno, la oposición arremetió este jueves con la decisión de conferirle a las boletas con la postura oficial el color celeste, que representa la identidad del país.

El organismo ordenó que las boletas por el "No", que representa al ejecutivo de Luis Lacalle Pou en el referendo contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), sean celestes, lo que despertó críticas de la oposición, que entiende que se trata del color identitario de todo el país.

El rechazo a los artículos de la LUC, el buque insignia del Gobierno de Luis Lacalle Pou, se votará en un plebiscito convocado para el 27 de marzo próximo después de que la Corte Electoral validara las más de 730.000 firmas necesarias para impulsar esta instancia.

La Corte Electoral había anunciado que el "Sí" a derogar parte de la ley llevaría una boleta rosada y el gubernamental "No", una celeste.

Horas más tarde, la Comisión Nacional por el "Sí" anunció que recurrirá al organismo para modificar la decisión porque entienden que el color asignado a quienes quieren mantener los artículos es parte de la identidad de todo Uruguay.

El dirigente de la comisión por el "Sí" José Olivera dijo en conferencia de prensa que la definición sobre los colores “no es una buena señal para la sociedad uruguaya y para nuestra democracia” y subrayó que el celeste debería "estar vedado para cualquiera de las dos opciones”.

Olivera lamentó la “ventaja” que se le otorga “a una opción que ha optado por el ocultamiento" como principal elemento de campaña.

De todos modos, ratificó que para la Comisión por el "Sí" se trató de un día “de celebración”.

El opositor Frente Amplio (FA, izquierda) y organizaciones sociales presentaron en julio de este año más de 730.000 firmas para impulsar esta instancia contra 135 artículos de la LUC, hoja de ruta de la coalición oficialista de derecha que entró en vigencia en junio de 2020.

La LUC fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 10 de julio de 2020 y constituye una de las normas más importantes de la actual gestión de Lacalle Pou, quien la calificó como "buena, justa y popular".

Sin embargo, desde la oposición se levantaron voces en contra y el FA advirtió que se perdieron derechos y libertades y que se legisló a favor de los más privilegiados.

Entre los puntos más cuestionados están la flexibilización del uso de la fuerza policial, la regulación del derecho a la huelga y declaración de ilegítimos a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios", con la consecuente facultad para disolverlos.

En cuanto al Código Penal, la LUC amplía para los menores en edad imputable las penas mínimas y máximas, además de limitar para adolescentes el régimen de semilibertad.