Venezuela y Bolivia optan por la vía tribunalicia

¿Será sólo una coincidencia? La ofensiva político-legal del chavismo contra Manuel Rosales, quien surgió de los comicios regionales del 23 de noviembre como el principal líder de la oposición venezolana, es llamativamente contemporánea de una de similar cuño que está en curso en estos días en Bolivia.

Esta última, vale aclarar, surge de hechos graves y comprobables, aunque resta verificarse quiénes fueron sus verdaderos responsables. Y, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, tiene el mérito de basarse en procedimientos judiciales. Con todo, ambas generan sospechas por involucrar a líderes molestos para los respectivos gobiernos y tienen el alcance corto de todos los procedimientos de este tipo, que se arriesgan a convertir a los reos de hoy en los héroes de mañana.

Obviamente, ser opositor a Hugo Chávez no le entrega a nadie un certificado de buena conducta. Pero las acusaciones por corrupción contra Rosales tienen un efecto envenenado. Más allá de los detalles sobre aquéllas, que corresponderá dilucidar judicialmente, hay que recordar que el chavismo eligió en la antesala de los últimos comicios un medio curioso para eliminar a la oposición: la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), controlada casi en su totalidad por el oficialismo, suspendió a unos 400 candidatos, algunos del oficialismo, pero la gran mayoría opositores, ante la sospecha de que habían cometido irregularidades. Todo, claro, sin que siquiera tengan un proceso judicial y con la sola «prueba» que supone un informe de la Contraloría General.

En rigor, las inhabilitaciones no fueron electorales, sino administrativas, esto es, los afectados podían presentarse en las urnas, pero no ejercer funciones si ganaban. Lo que se dice un método polémico pero eficaz de control político.

Unos de los afectados por la movida fue Leopoldo López, ex alcalde del municipio metropolitano de Chacao y una de las figuras más carismáticas del antichavismo. ¿La principal imputación? Una donación al parecer impropia a su partido, Primero Justicia.

Rosales es el gobernador saliente del estado petrolero de Zulia, el más rico de Venezuela y en el cual el bolivariano nunca pudo hacer pie. En los últimos comicios ganó la Alcaldía de Maracaibo, la capital estadual, y, habida cuenta de los antecedentes, una denuncia por corrupción, esta vez sí y por ahora a nivel judicial, podría sacarlo del juego político.

Mientras, en Bolivia, esta semana cobró ímpetu una movida judicial del gobierno de Evo Morales contra las principales figuras de la oposición atrincherada en los departamentos (provincias) autonomistas.

Los cargos son más pesados: las protestas de setiembre último, cuando grupos violentos emboscaron y balearon a decenas de campesinos oficialistas en Pando -se habla de hasta 30 muertos- y quemaron dependencias públicas, sobre todo en Santa Cruz. Tras los sucesos de Pando, el ex prefecto (gobernador) Leopoldo Fernández primero se fugó y luego terminó preso. Cabe señalar que no fue defendido ni siquiera por sus colegas.

El gobierno de Morales denunció entonces un intento de golpe de Estado. Ahora, después de que autoridades y opositores cerraron un acuerdo sobre la futura Constitución, evitando que el país se sumergiera en la guerra civil, el Palacio Quemado puso en marcha una ofensiva judicial que acusa por esos hechos a las más importantes figuras de la oposición. El líder del autonomista Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, está preso desde el domingo en una cárcel de La Paz, acusado de haber promovido el incendio de gasoductos. Mientras, el gobierno presentó una querella por motivos similares contra el líder autonomista de Santa Cruz, Branko Marinkovic, un hombre de discurso radical y hasta secesionista. Por último, anunció la intención de implicar en el complot al más poderoso de los prefectos, el cruceño Rubén Costas, verdadera cabeza de la oposición a Morales.

Dos gobiernos aliados, dos situaciones de pelea política encarnizada, dos procesos político-legales paralelos. ¿Sólo una coincidencia?