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28 de octubre 2008 - 00:00

Violenta revuelta minera en Perú

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Al menos 40 personas resultaron heridas en la tarde de hoy en el departamento peruano de Moquegua, algunas de ellas de gravedad, en medio de choques entre manifestantes y policías en el primer día de una huelga de duración indefinida por el recorte del canon minero para esa circunscripción.

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Medios locales informaron que cuatro policías están retenidos por los manifestantes y que el número de heridos de ambos bandos va en aumento porque los incidentes están lejos de ser controlados. El herido más grave es un dirigente agrario que recibió un balazo en el abdomen.

Los moqueguanos lograron tomar control del estratégico puente Montalvo, unos 1.150 kilómetros al sur de Lima, el mismo del que se adueñaron en una movilización similar en julio y en el que retuvieron esa vez a varios policías, a los que sólo liberaron cuando un general le pidió perdón al pueblo de rodillas.

Como en julio, las protestas obedecen a que, según los líderes regionales, el canon minero para Moquegua se ha visto reducido para beneficiar al vecino departamento de Tacna.
Entretanto, en otros dos puntos del país, la localidad de Sicuani, en el departamento sureño de Cusco, y la de Cajabamba, en el de Cajamarca, las carreteras permanecen bloqueadas por sendas protestas.

En Sicuani, donde los enfrentamientos llevan ya varios días, los pobladores protestan contra la construcción de una hidroeléctrica en el lugar, mientras que en Cajabamba comenzó hoy una huelga cívica para exigir que el presidente regional de Cajamarca, Jesús Coronel, cumpla promesas de pavimentación de vías y obras de electrificación.

En la cuarta zona en conflicto hoy, la localidad de Moyobamba, en el departamento amazónico de San Martín, la huelga cívica de 24 horas para exigir la construcción de un puente transcurre pacíficamente.

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, instó a la población a "no hacerles el juego a quienes quieren hacernos caer en una dictadura" y advirtió que podría decretar el estado de emergencia, que limita garantías constitucionales, en los lugares en que los desórdenes persistan.

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