La clausura comenzó a regir el miércoles 25 de junio a las 20:00 y fue atribuida por las autoridades aduaneras a “demoras operativas”.
La medida de la Aduana en la terminal portuaria puso en alerta a todas las empresas de la cadena comercial y logística.
La Dirección General de Aduanas (DGA) ordenó el cierre temporal de la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires. La clausura comenzó a regir el miércoles 25 de junio a las 20:00 y fue atribuida por las autoridades aduaneras a “demoras operativas injustificadas”.
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La medida fue adoptada tras constatarse reiterados incumplimientos por parte de la permisionaria del predio, lo que, según el organismo, derivó en “demoras injustificadas” y “costos fuera de presupuesto” para importadores, exportadores y despachantes de aduana.
La decisión se tomó sin que se precisara una fecha firme para la reanudación normal de las operaciones. Según comunicó la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, se basó en la falta de cumplimiento de un acta de compromiso firmada a principios de mes.
Aunque se trata de una acción de alcance limitado, su aplicación genera tensión en toda la cadena logística por el potencial efecto sobre los tiempos y costos de las operaciones comerciales, según revelaron voceros del sector.
Las autoridades aduaneras remitieron al Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina el siguiente comunicado, que aclara cuáles son las excepciones:
“Me dirijo a Uds. de informarles que como consecuencia de reiterados incumplimientos respecto del acta de compromiso suscripta el día 5 de junio de 2025 con los representantes de la Terminales Portuarias de la Aduana de Buenos Aires; se procederá al cierre de la Terminal Portuaria 4 S.A., toda vez que, entre otros motivos, se han evidenciado demoras injustificadas por parte de la permisionaria por acciones imputables exclusivamente a ella, que generan extra-costos o costos fuera de presupuesto a los importadores/ exportadores / despachantes, etc”.
“Asimismo, y a los fines de no perjudicar a los importadores / exportadores, se autorizará a modo de excepción , las siguientes operaciones:
-Carga de exportación, vinculada al Buque CAP ARTEMISSIO CON ETA 26/06/ 23: 00PM, con Corte de CUT OFF, Miércoles 25/06 18 hs.
-Carga de importación/exportación, en condición de perecedero, medicamentos, explosivos o refrigerados de exportación, se autoriza su continuidad.
-Carga de importación, se autoriza la entrega de aquellas destinaciones, respecto de las cuales se encuentran asignados turnos de entrega en el día de la fecha exclusivamente”.
La resolución generó un movimiento inmediato entre despachantes, operadores logísticos y cámaras del sector, que comenzaron a reorganizar sus operaciones para evitar contratiempos mayores.
Consideran que si bien se trata de una interrupción puntual, la medida “pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema logístico frente a fallas de gestión o incumplimientos contractuales por parte de los operadores”.
Diversos actores del ecosistema portuario señalaron que esta situación expone la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control sobre las terminales concesionadas, así como avanzar en mayores niveles de digitalización, interoperabilidad y transparencia que permitan una mejor trazabilidad de las demoras y una distribución más equitativa de responsabilidades.
La decisión de la Aduana se da en un contexto donde los organismos vinculados al comercio exterior vienen impulsando reformas para simplificar procesos, reducir la burocracia y aumentar la previsibilidad del sistema. En ese marco, las demoras injustificadas son vistas no solo como un obstáculo operativo, sino también como una traba para el desarrollo exportador y la competitividad del país.
En este sentido, la DGA remarcó que toda medida que apunte a corregir desvíos operativos y mejorar la eficiencia será respaldada por el servicio aduanero. La decisión de cerrar una terminal portuaria, aunque de forma temporal, refleja un cambio de postura más firme frente a prácticas que generan distorsiones, en un contexto donde se busca mejorar el clima de negocios sin dejar de exigir estándares mínimos de cumplimiento.