El fallo impuso un esquema de supervisión conjunta que limita las decisiones patrimoniales y refuerza el seguimiento del proceso.
La empresa se mantiene a flote gracias a contratos de producción para terceros.
SanCor quedó formalmente bajo un esquema de coadministración judicial luego de que la Justicia decidiera avanzar sobre el manejo de la empresa y recortar el control de sus actuales autoridades. La medida, dispuesta en el marco del concurso preventivo, implica que ninguna decisión con impacto económico o patrimonial podrá adoptarse sin aval judicial, bajo apercibimiento de nulidad.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La resolución marca un endurecimiento del proceso concursal que atraviesa la histórica cooperativa láctea, que desde comienzos de este año no logró estabilizar su operatoria ni frenar el deterioro financiero, pese a encontrarse bajo tutela judicial. Para el juzgado, el escenario actual justifica un control “real y efectivo” sobre la gestión, ante reiterados incumplimientos considerados clave.
Según surge de la resolución, la decisión se apoyó en graves observaciones formuladas por la sindicatura y el Comité Provisorio de Control, que advirtieron sobre la falta de colaboración de la empresa con los órganos del concurso. En concreto, la Justicia cuestionó la ausencia de información clara y verificable sobre el funcionamiento de las plantas industriales, los acuerdos con terceros, los niveles de producción, las ventas y el destino de los fondos que ingresan.
En ese marco, el juez entendió que la administración de SanCor no aportó datos indispensables para evaluar su situación real, lo que terminó por bloquear el seguimiento efectivo del proceso concursal. A diferencia de una intervención total, la coadministración no desplaza formalmente a las autoridades, pero les quita la posibilidad de decidir en soledad y somete cada movimiento relevante a control judicial.
En términos operativos, el esquema habilita al coadministrador a auditar la gestión en tiempo real, revisar contratos, intervenir en pagos, requerir documentación a directivos y terceros vinculados a la empresa, e incluso ingresar a plantas y establecimientos productivos para verificar su actividad.
El frente laboral fue otro de los factores determinantes en la decisión judicial. SanCor acumula meses de atraso en el pago de salarios, mantiene deudas por aguinaldos y continuó generando pasivos posteriores a la apertura del concurso, una señal de máxima alarma en cualquier proceso de este tipo. A esto se sumó el envío masivo de telegramas laborales sin respuesta y cuestionamientos sobre la correcta registración de pagos y aportes.
En paralelo, la situación judicial de la cooperativa se complejiza por una causa penal en el fuero federal vinculada a presuntas irregularidades en el manejo de aportes a la seguridad social. Si bien ese expediente avanza por un carril independiente, el juez concursal tomó nota del contexto general y de la conducta de la administración al evaluar la necesidad de reforzar los controles.
La medida tendrá un plazo inicial de 60 días, con posibilidad de prórroga, y busca evitar un mayor deterioro de la empresa mientras el concurso sigue su curso. Para la Justicia, el objetivo no es precipitar una salida extrema, sino ordenar la gestión, garantizar transparencia y preservar activos, en un contexto en el que SanCor enfrenta múltiples pedidos de quiebra y una pérdida sostenida de previsibilidad operativa.
Con plantas trabajando a baja capacidad, una operatoria cada vez más apoyada en esquemas de producción para terceros y una crisis laboral sin resolver, la coadministración marca un punto de inflexión en un concurso que, lejos de encaminarse, sigue sumando tensiones y frentes abiertos.
Dejá tu comentario