La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) formalizó ante la Justicia su rechazo al plan de crisis presentado por SanCor, en el marco del concurso de acreedores que busca evitar la quiebra de la emblemática firma láctea. El gremio consideró que la propuesta es “inviable” y pidió la quiebra con continuidad de la explotación, una alternativa legal que permitiría sostener la producción bajo una nueva administración.
SanCor, al borde de la quiebra: el gremio pide intervenir la cooperativa
ATILRA rechazó el plan de crisis presentado por la empresa y solicitó la quiebra con continuidad productiva. El juez deberá resolver entre el rescate propuesto por la firma o una intervención judicial.
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Desde 2017 la cooperativa láctea atraviesa una profunda crisis que la llevó a vender diversos activos.
La definición del juez Guillermo Adrián Valés, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, será clave para determinar los próximos pasos en un proceso que comenzó mucho antes de la apertura del concurso de acreedores de la cooperativa láctea a comienzos de este año. El magistrado convocó esta semana a una audiencia en la que participaron directivos de la cooperativa, representantes gremiales y asesores legales.
El sindicato pide la “quiebra con continuidad”
Durante la audiencia, los representantes de ATILRA ratificaron su oposición al plan que SanCor presentó la semana pasada el cual contempla una reducción del 32,5% del personal, pasando de 936 a 632 empleados, además de la venta de activos improductivos y una reconversión del modelo de negocios orientada al procesamiento de leche para terceros. La cooperativa argumentó que esa estrategia permitiría generar ingresos y recuperar estabilidad operativa.
El gremio, sin embargo, considera que la propuesta carece de sustento económico y laboral. Según expresaron tras el encuentro, SanCor reconoce que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones salariales ni para sostener el nivel de actividad, lo que, a criterio del sindicato, vuelve inviable el plan.
El delegado Alejandro Cabrera reiteró que los trabajadores no son responsables de la crisis de la empresa y que el gremio impulsa la figura de la “quiebra con continuidad productiva” para mantener la actividad sin la actual conducción. Esa posibilidad está prevista en la ley concursal y permitiría sostener la explotación bajo control judicial mientras se buscan nuevos operadores.
En tanto, el abogado de ATILRA, Alberto Coronel, explicó que la figura de la continuidad de la explotación procura preservar las fuentes de trabajo y evitar el desmantelamiento de las plantas. Según el letrado, cuando se decreta una quiebra, el juez puede autorizar la continuidad de la producción bajo administración provisoria para impedir la liquidación por partes.
Coronel también cuestionó la viabilidad del plan de crisis, al señalar que la cooperativa opera mayormente bajo el formato de fasón, es decir, procesando materia prima de terceros, y aun así mantiene fuertes atrasos salariales. De acuerdo con los datos gremiales, SanCor adeuda el 70% de los haberes de mayo y la totalidad de los correspondientes a junio, julio, agosto, septiembre y el medio aguinaldo.
Además, el estudio jurídico Regali y Asociados, que representa a acreedores de la firma, se mostró en línea con la postura sindical y también pidió que se analice una eventual intervención judicial de la administración.
La postura de SanCor y lo que viene
Del lado empresario, los apoderados de SanCor defendieron la propuesta como un plan de reestructuración integral destinado a ordenar la cooperativa, reducir costos y garantizar la continuidad productiva. Argumentaron que el proceso iniciado en 2017, que incluyó la venta de plantas, marcas y retiros voluntarios, permitió mantener en funcionamiento las principales unidades y que el nuevo esquema busca completar ese camino.
En la audiencia se detallaron las capacidades productivas actuales de las plantas, incluidas las de Balnearia, La Carlota y San Guillermo. La empresa afirmó que procura normalizar los pagos salariales a medida que recupere actividad y firmó contratos de procesamiento con terceros.
El juez Valés deberá ahora evaluar los planteos enfrentados: la continuidad bajo el actual plan de crisis o la quiebra con continuidad productiva propuesta por el sindicato. La resolución definirá el rumbo inmediato de una cooperativa que fue emblema del sector lácteo argentino y que hoy enfrenta uno de los momentos más decisivos de su historia.
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