Sancor: la fiscalía pidió procesar a dos exdirectivos por aportes retenidos

El dictamen enviado al juzgado de Rafaela señala períodos con retenciones previsionales no depositadas y pide que continúe la causa por presunta apropiación indebida.

La empresa se mantiene a flote gracias a acuerdos para producir para terceros.

Sancor atraviesa una etapa complicada: transita un concurso preventivo y, pese a ello, logró reactivar gran parte de su actividad a través de acuerdos industriales a fazón que le permitieron poner en marcha seis plantas y procesar entre 550.000 y 600.000 litros de leche por día. En ese contexto operativo, la investigación penal sumó un capítulo clave: el Ministerio Público Fiscal solicitó el procesamiento de dos expresidentes del Consejo de Administración por presuntas omisiones en el ingreso de aportes retenidos a los trabajadores, hecho que la fiscalía encuadra como apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

El dictamen, firmado por el fiscal Jorge Gustavo Onel, fue remitido al Juzgado Federal de Rafaela. Ambos imputados, José Pablo Gastaldi (presidente entre febrero de 2020 y octubre de 2022) y Alberto Eduardo Sánchez (presidente entre noviembre de 2022 y enero de 2024), se presentaron a indagatoria el 12 de noviembre de 2025 y optaron por abstenerse de declarar. La fiscalía pidió el procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

En el caso de José Pablo Gastaldi, la fiscalía atribuye siete hechos vinculados a meses de 2020 y 2021 en los que, según el expediente, se retuvieron aportes a los trabajadores que no habrían sido ingresados dentro del plazo legal de 30 días. Sumados esos períodos, la documentación reconstruida por la fiscalía arroja un monto aproximado de $128,7 millones.

A Alberto Eduardo Sánchez se le imputan dieciséis hechos comprendidos entre noviembre de 2022 y enero de 2024, también por el supuesto no deposito en tiempo y forma de aportes descontados a los empleados. El dictamen subraya que, por su condición de máximas autoridades del Consejo de Administración y agentes de retención, ambos directivos podrían haber incumplido obligaciones que revisten carácter penal según la Ley 27.430.

La fiscalía entiende que en esta etapa están acreditadas la materialidad de los hechos y la participación penal de los imputados, y formuló el pedido de procesamiento en los términos de los artículos 45 y 55 del Código Penal. No solicitó medidas cautelares gravosas: propuso la obligación de informar cualquier cambio de domicilio, al valorar el arraigo y la ausencia de antecedentes de los acusados.

Contexto productivo y efectos sobre el concurso

La causa penal se inserta en una historia de crisis prolongada que incluye intentos de fideicomiso fallidos, bloqueos sindicales que llegaron a paralizar plantas entre octubre de 2023 y julio de 2024, y la presentación en concurso preventivo aprobada por los socios a comienzos de 2025. En paralelo a esos conflictos, Sancor recondujo parte de su operatoria mediante acuerdos a fazón, reactivó líneas de manteca, crema, quesos y dulce de leche, y mostró una mejora en la facturación entre mayo y octubre, según fuentes del sector.

Pese a la reactivación operativa, la imputación fiscal se centra en la responsabilidad individual de quienes ejercieron la presidencia del Consejo en los períodos señalados. La diferencia entre una dificultad de caja general y una decisión administrativa con relevancia penal será el eje que debate ahora el juzgado: si el procesamiento prospera podría abrirse una etapa de embargos y profundización de la investigación patrimonial; si no prospera, la controversia quedará mayormente en el terreno concursal y administrativo.

El juez federal de Rafaela deberá resolver si hace lugar al pedido del Ministerio Público. La definición tendrá impacto sobre la situación procesal de Gastaldi y Sánchez, y añadirá una dimensión judicial al proceso concursal que la cooperativa intenta gestionar para sostener producción, empleo y mercado en un sector lácteo con márgenes ajustados.