Sancor: procesaron a dos expresidentes en pleno concurso de acreedores

La causa penal avanza mientras la cooperativa sigue bajo concurso de acreedores, sostiene su actividad industrial y enfrenta un escenario de alta tensión financiera y laboral.

La empresa sigue operativa gracias a los acuerdos alcanzados con otras firmas para procesar leche. 

En un contexto marcado por el concurso preventivo de acreedores, la reconfiguración de su negocio industrial y una prolongada crisis financiera, la Justicia federal resolvió procesar a dos ex presidentes de Sancor Cooperativas Unidas Limitada por el delito de apropiación indebida de aportes al sistema de la seguridad social. La decisión agrega un nuevo frente judicial a la situación de la histórica láctea, que intenta sostener su operatoria mientras redefine su futuro.

La resolución alcanzó a José Pablo Gastaldi, presidente del Consejo de Administración entre febrero de 2020 y octubre de 2022, y a Alberto Eduardo Sánchez, quien ocupó ese cargo con posterioridad. Ambos fueron procesados en una causa que investiga la retención de aportes previsionales descontados a los trabajadores y no ingresados en tiempo y forma, según lo establecido por el Régimen Penal Tributario.

El fallo se conoció este lunes, cuando la cooperativa continúa transitando la primera etapa de su concurso preventivo, iniciado en febrero pasado ante un juzgado comercial de Rafaela, y mantiene todas sus plantas activas a partir de acuerdos de producción a fazón con otras empresas del sector.

SanCor entró en concurso de acreedores en febrero de este año pero arrastra una compleja situación económica desde hace años.

Qué investigó la fiscalía y por qué se dictó el procesamiento

De acuerdo con el expediente, la fiscalía consideró acreditada, en esta etapa del proceso, la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal de ambos ex directivos, en su carácter de máximas autoridades de la cooperativa y agentes de retención de los aportes laborales.

En el caso de Gastaldi, la imputación comprende distintos períodos entre 2020 y 2021, mientras que a Sánchez se le atribuyen hechos posteriores, ya en una etapa de mayor deterioro económico de la empresa. En conjunto, la acusación refiere a una suma que, según el planteo judicial, supera ampliamente los $1.600 millones, cifra que el gremio asegura se incrementa al actualizarse.

Tras conocerse la resolución, desde Atilra celebraron el avance judicial y afirmaron que se trata de una decisión “alentadora”, al sostener que “la apropiación indebida de fondos de los trabajadores impacta directamente en la situación actual de la empresa”. En ese sentido, el sindicato advirtió que los trabajadores evalúan ampliar la denuncia penal, al considerar que “la maniobra, agravada, persiste en la actualidad”.

La fiscalía no solicitó la detención de los imputados y dispuso medidas cautelares de menor alcance, como la obligación de informar cambios de domicilio, al valorar que no poseen antecedentes penales y se sometieron al proceso.

Crisis, concurso y una operatoria que busca sostenerse

El procesamiento se inscribe en una crisis que Sancor arrastra desde hace años y que se profundizó entre 2023 y 2024, con bloqueos sindicales, paradas productivas, cierres temporales de plantas y fuertes atrasos salariales. A comienzos de 2025, ese deterioro quedó formalmente expuesto con la presentación en concurso preventivo, aprobada por unanimidad por los socios de la cooperativa.

Desde entonces, la empresa reconfiguró su esquema operativo. Si bien ya no procesa volúmenes significativos de leche propia, logró reactivar su capacidad instalada mediante acuerdos con terceros, lo que hoy le permite mantener en funcionamiento seis plantas con niveles de ocupación cercanos al 75% y procesar entre 550.000 y 600.000 litros diarios.

En paralelo, los salarios se abonan en tramos semanales, bajo un esquema acordado con el sindicato años atrás, con una mejora relativa frente a los momentos más críticos, aunque la situación laboral continúa siendo frágil.

Desde el gremio, su secretario general, Héctor “Etín” Ponce, sostuvo que esta etapa judicial no implica el cierre del conflicto y advirtió que Atilra seguirá “buscando alternativas que permitan la subsistencia de la fuente de trabajo y los puestos laborales” ante cualquier escenario futuro, incluso frente a una eventual liquidación.

Así, mientras la cooperativa intenta estabilizar su actividad y ordenar su situación financiera bajo el paraguas del concurso, el avance de la causa penal contra ex autoridades suma presión a un proceso ya atravesado por años de conflictos, reestructuraciones fallidas y una disputa de fondo sobre el destino de una de las marcas más emblemáticas de la industria láctea argentina.