Régimen de retención del ICyDB a las cuentas abiertas en prestadores de servicios de pago

Novedades Fiscales

A través de las Resoluciones Generales 5.029 y 5.031, la Administración Federal de Ingresos Públicos estableció los regímenes de información y retención del Impuesto sobre Créditos y Débitos Bancarias, modificando las normas establecidas por las Resoluciones Generales 4.614 y 2.111.

Como escribimos hace pocas semanas en este suplemento Novedades Fiscales, el Decreto 301/21, de fecha 7/5/21 introdujo modificaciones al Decreto 380/01, reglamentario del impuesto sobre los débitos y créditos, sujetando al gravamen a los movimientos de fondos en cuentas de pago abiertas en los PSP, habiéndonos pronunciado por la inconstitucionalidad de la creación de hechos imponibles por un Decreto del Poder Ejecutivo.

Con el correr de los años los sistemas recaudatorios en nuestro país han recurrido cada vez más intensamente a la participación de los particulares en la gestión fiscal, a través de regímenes de retención y percepción en la fuente, buscándose no sólo un adelantamiento en el ingreso de los tributos, sino también la existencia de obligados solidarios al pago del mismo.

En las últimas semanas, la AFIP, a través de las Resoluciones Generales 5.029 y 5.031 estableció los regímenes de información y retención del gravamen creado por el Decreto citado, modificando las normas establecidas por las RG 4.614 y 2.111.

La División de Asuntos Técnicos y Jurídicos de la DGI, en sus Dictámenes 24 y 35 del 30.7.1979 y 10.9.1979, respectivamente, ha caracterizado a los agentes de retención y percepción siguiendo los lineamientos formulados por Héctor Villegas(1), criterios sostenidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en pronunciamientos en los cuales ha definido a la actuación de los agentes de retención como una “carga pública”.

La Constitución Nacional establece como principio que, necesariamente, éstas cargas públicas deben ser establecidas por “ley”, esto es, por un acto emanado del Poder Legislativo, en sus artículos 17 y 19, por lo que no puede el Congreso delegar sus facultades en el Poder Ejecutivo, o en organismos dependientes de éste.

Los eventuales excesos, como aquellos en los que incurren las Resoluciones Generales citadas, pueden ser neutralizados por la jurisprudencia, como lo ha hecho la Corte Suprema(2).

A su vez, en el caso "Video Club Dreams", la Corte validó la legitimación del sujeto de retención para cuestionar la validez de un tributo establecido por Decreto presidencial y declaró la inconstitucionalidad del mismo y, consecuentemente, dejó sin efecto la obligación de actuar como agente de retención.

1| principio

de legalidad

Actualmente, en el campo internacional, el principio de legalidad se presenta como característica del Estado de derecho, importando la subordinación del obrar de la Administración a la ley, de modo que sólo puede desempeñarse en las materias para las que cuenta con autorización en forma inmediata e incluso mediata por habilitación de la ley.

Sobre el tema, las XXIV Jornadas Tributarias del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal, del año 1994, consideraron que el ejercicio arbitrario y exagerado de la delegación de funciones en contribuyentes y responsables desnaturaliza el sistema, toda vez que se vulneran dos principios: el de proporcionalidad - relación de medios a fin- y el de simetría que debe regir en la relación procesal entre el Fisco y el contribuyente, recomendando, entre otros aspectos, evitar que las normas de naturaleza formal interfieran en la organización administrativo-contable de los responsables.

La proliferación y superposición de cargas puede llevar a superar el límite del sacrificio exigible, con lo que nace el derecho al resarcimiento de los perjuicios que el cumplimiento de la obligación le ocasiona, en virtud del denominado “principio de proporcionalidad”, haciendo aplicación del cual, hace ya más de cinco décadas, la DGI, entonces bajo la dirección del Dr. Pedro Pavesi, dispuso a través de la Circular 916 del 29 de junio de 1970, que los requerimientos de información a terceros debían formularse “procurando que la exigencia irrogue mínimos inconvenientes en la hacienda del afectado”.

Existe en la acción administrativa una tendencia a transformar el deber de colaboración en un deber de sustitución desvirtuándose el principio que debe prevalecer, es decir que la actividad corresponde a la Administración y los administrados sólo están obligados a colaborar y no a sustituir, vulnerando el "principio de razonabilidad".

Este principio, conocido en los Estados Unidos -en cuya Constitución no encontramos norma similar al artículo 28 de la Constitución Nacional Argentina- como "balance of convenience rule" (regla del equilibrio conveniente o racionalidad), en el criterio de la Corte Suprema de Justicia "... debe entenderse como adecuación de las normas reglamentarias al fin que requiere su establecimiento y a la ausencia de iniquidad manifiesta, pues las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables porque los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran" .

Frente a ello se ha delineado el concepto de “interdicción de la excesividad”, que concurre en auxilio de los administrados, como derivación del principio de razonabilidad y obstáculo para el desenfreno administrativo que implica la prohibición de que la ley o la Administración, en el ámbito de su discrecionalidad, ordenen algo que pueda considerarse excesivo, exorbitante o desmesurado.

2| objetivos

tributarios

En el mes de octubre de 1998 en la realización de las XIX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario (Portugal) se ha dicho "Donde la Administración tributaria no llega o lo hace mal, lo mejor es atemorizar al contribuyente mediante un sistema apropiado de sanciones...".

Es por esto que el “Canadian Charter of Rights and Freedoms” especifica en su sección 8ª que cualquier requerido tiene el derecho de estar asegurado que la información de índole tributaria que se le requiera no será irrazonable en calidad y cantidad. Y la Sección 24 (1) especifica que el contribuyente titular de derechos y libertades, garantizadas por aquel ordenamiento, tiene el derecho de recurrir al Tribunal para obtener el remedio que considere apropiado y justo a las circunstancias que devienen de la inquisición informativa fiscal.

Con el mismo alcance en el informe preparado por la OCDE en el año 1990 caratulado “Droits et obligations des contribuables”, se especifica que algunas unidades políticas están conscientes de la importancia que reviste el dictado de medidas destinadas a proteger al contribuyente contra los abusos.

Todo ello trae a la memoria las palabras de S.S. PÍO XII dirigidas al X Congreso de la Asociación Fiscal Internacional :

“La elaboración de las leyes fiscales en los estados modernos no obedece siempre a criterios morales y precisos; las necesidades del momento, las tendencias políticas o económicas de los hombres en el poder, empujan a la legislación fiscal en direcciones divergentes… No solamente se deplora la frecuente falta de simplicidad y de coherencia, sino, en ocasiones, también una negligencia práctica de los principios justos que debe inspirar toda legislación fiscal… el impuesto no debe jamás convertirse para los poderes públicos en cómodo medio de enjugar el déficit provocado por una administración imprudente, de favorecer una industria o una rama del comercio a expensas de otra igualmente útil”.

La proliferación de gravámenes inconstitucionales ha llevado, hace ya más de tres décadas a sostener :

“Nadie se explica por qué se pierden mercados que cuando se cumplía la Constitución inundábamos. Los gravámenes inconstitucionales que aumentan el costo final del producto a precios no competitivos puede ser una explicación. Pero aunque así no fuera, los proyectos constitucionales no pueden ser violados, por más técnico y erudito que sea el autor de la selva impositiva creada”.

En resumen: “Cualesquiera que sean las facultades conferidas por la Constitución para establecer contribuciones, ellas no pueden entenderse de manera que contraríen disposiciones expresas de la Constitución Nacional que es la ley suprema y a la cual deben conformarse aquéllas” .

1) Villegas, Héctor, “Los agentes de retención y de percepción en el derecho tributario”, Ed. Depalma, Bs.As., 1976

2) CSJN, "Oliver", 15.10.1969

3) CSJN, Fallos: 256-241; 299-428

4) Cit. por GUERRERO, Fernando, “La empresa”, en Curso de Doctrina Social Católica, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1967, p.767.

5) CNCivil, Sala B, 12/9/1979, “All Ways SA”, Impuestos, 1980-A, 117.

6) CSJN, “Cerrutti, Alfredo L. c/Mun. de San Nicolás”, Fallos, 132:205, cit. por FRÖHLICH, J. Ricardo, en Ha resucitado la alcabala, diario Ámbito, 9/11/04.

Dejá tu comentario