Blanqueo sin ley: el experimento Luis Caputo-Javier Milei y la peligrosa deriva hacia una república bananera

El presente artículo analiza críticamente el denominado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, presentado por el ministro Luis Caputo y promovido por el presidente Javier Milei.

Lejos de tratarse de una herramienta para el fortalecimiento del sistema financiero o la recuperación de la confianza en el peso, la medida en cuestión se presenta como un experimento sin precedentes

Ámbito

El presente artículo analiza críticamente el denominado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, presentado por el ministro Luis Caputo y promovido por el presidente Javier Milei. A través de una lectura económica y política, se argumenta que esta medida no constituye una política de normalización financiera, sino una amnistía fiscal encubierta, carente de marco legal, que podría habilitar el ingreso masivo de capitales de origen ilícito. Se alerta sobre las consecuencias económicas, institucionales y reputacionales de legitimar dinero sin trazabilidad, y se advierte que este experimento podría consolidar en Argentina las características propias de una república bananera.

Introducción

En tiempos de crisis prolongada, los gobiernos suelen recurrir a medidas excepcionales. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre políticas cismáticas y decisiones que desdibujan los límites de la legalidad. El “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, presentado por el equipo económico del presidente Milei, se inscribe claramente en esta segunda categoría.

Lejos de tratarse de una herramienta para el fortalecimiento del sistema financiero o la recuperación de la confianza en el peso, la medida en cuestión se presenta como un experimento sin precedentes; la posibilidad de blanquear dólares, sin justificación de origen, sin sanción legal previa y sin más respaldo jurídico que un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Mientras funcionarios como Caputo declaran que “esto no es un blanqueo” sino “un cambio de régimen”, las características del programa, junto con la retórica de impunidad que lo acompaña, permiten afirmar que se trata de una forma de legalización exprés del capital negro. Como advierte Basualdo (2010), las elites económicas argentinas han históricamente usado su poder para moldear la institucionalidad a su favor. Esta vez, el molde podría adaptarse también a dinero de origen reprensible.

Entre la retórica libertaria y la indulgencia financiera

Desde el gobierno se ha argumentado que la medida busca dar “libertad” a los argentinos para decidir sobre sus dólares, ubicándose en línea con el ideario anarco-capitalista de Milei. Sin embargo, la propuesta se sitúa más cerca del pragmatismo cínico que de la teoría económica. El mensaje “tus dólares, tu decisión” (Casa Rosada, 2025) oculta el verdadero contenido; una amnistía para quienes no tributaron, sin distinción alguna entre evasión fiscal, enriquecimiento ilícito o incluso lavado de dinero.

El contexto global también es relevante. Diversas potencias -Estados Unidos, Reino Unido, Alemania- enfrentan un agotamiento de sus políticas de endeudamiento y necesitan repatriar capitales offshore (Zucman, 2015). En ese marco, Argentina parece haber sido elegida como laboratorio experimental para ensayar mecanismos de exteriorización sin trazabilidad.

Un experimento sin marco legal ni institucional

No existe aún legislación sancionada que respalde esta medida. Sólo se han presentado declaraciones informales de funcionarios y promesas futuras. Como señala Rapaport (2005), la fragilidad institucional argentina ha sido históricamente funcional a políticas de emergencia que benefician a grupos concentrados. Lo preocupante no es únicamente la falta de normativa, sino la inexistencia de garantías jurídicas para los eventuales participantes; el dinero ingresado hoy podría ser objeto de fiscalización mañana si cambian las condiciones políticas.

El ministro Caputo afirmó que no se trata de una medida macroeconómica relevante, sino de “un cambio de régimen”. En ese sentido, se busca generar expectativas de ingreso de capitales que no necesariamente están garantizadas. Ni el ministro ni el presidente del BCRA, ni los integrantes del equipo económico han repatriado sus propios fondos, lo cual debilita la credibilidad del programa. Como advierte Stiglitz (2019), “la confianza es un insumo tan importante como el capital financiero en cualquier sistema económico”.

Legalizar sin distinguir, delgada línea entre evasión fiscal y crimen organizado

El problema más grave radica en la indistinción entre diferentes tipos de capital no declarado. Al no requerirse justificación de origen ni establecer umbrales, se habilita la posibilidad de que fondos provenientes del narcotráfico, la trata de personas, la corrupción pública o el contrabando sean incorporados al sistema formal, en forma segmentada mediante centenas de “testaferros”, sin resistencia alguna. Para muestra recuerde los aportantes “truchos” de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, bajo el gobierno de Mauricio Macri. La Corte dejó firme un fallo que detectó irregularidades en los gastos de campaña de Cambiemos en 2017 la Justicia constató 79 aportantes falsos a la coalición que entonces gobernaba la provincia de Buenos Aires; en aquella contienda, Esteban Bullrich derrotó a Cristina Kirchner (27 de marzo de 2025)

Esto no constituye una exageración. Tal como señaló el presidente Milei, los evasores “no son delincuentes, son héroes”. Esta lógica desconoce el principio básico del Estado de derecho; la distinción entre legalidad e ilegalidad. Aceptar que “todo dólar es bienvenido” implica desdibujar los límites entre el ciudadano que cumple y el que transgrede.

La modificación propuesta a la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Tributario, lejos de “blindar a los ahorristas”, podría abrir una caja de Pandora legal. La ausencia de controles, sumada a la discrecionalidad de la autoridad de aplicación (ARCA), consolida un esquema en el cual la informalidad se vuelve política de Estado. Como advierte O’Donnell (1996), la “ciudadanía de baja intensidad” se manifiesta también en la forma en que las leyes se aplican (o no) según el poder de quien las transgrede.

Consecuencias económicas y reputacionales

Desde un enfoque financiero, esta apertura irrestricta puede tener consecuencias graves. En primer lugar, pone en riesgo la relación con organismos internacionales que exigen estándares mínimos de compliance y trazabilidad financiera. En segundo lugar, desalienta el ingreso de inversiones formales, dado que ningún inversor serio deposita su capital en un país que institucionaliza el lavado de activos. Finalmente, incrementa la inseguridad jurídica, lo que podría provocar una nueva fuga de capitales.

La historia reciente ofrece ejemplos. Durante la década de 1980, varios países latinoamericanos -Panamá, Paraguay, Nicaragua- habilitaron blanqueos sin controles que derivaron en la consolidación de economías criminales y regímenes autoritarios (González, 2013). Argentina corre el riesgo de repetir ese camino, esta vez con argumentos pseudo-libertarios y promesas vacías.

Conclusión

Existen riesgo de institucionalizar la ilegalidad. El plan anunciado por Caputo y Milei no es una política de desarrollo económico, ni un gesto de reconciliación con los ahorristas. Es una amnistía disfrazada, diseñada para beneficiar a un pequeño segmento de actores económicos y eventualmente a estructuras criminales transnacionales.

La posibilidad de blanquear capitales sin identificar su origen es una bomba de tiempo financiera, política y moral. Lejos de “reparar”, se institucionaliza la impunidad. Y al hacerlo, se debilita la ya frágil arquitectura jurídica del país. Si la medida prospera y se extiende, Argentina no sólo perderá legitimidad ante los mercados, sino que podrá consagrarse como un nuevo paraíso fiscal informal, al borde de convertirse -sin eufemismos- en una república bananera.

Director de Fundación Esperanza. Profesor de Posgrado en UBA y universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de seis libros.

Referencias

Adorni, M. (2025). Declaraciones en conferencia de prensa presidencial. Casa Rosada, Buenos Aires.

Basualdo, E. (2010). Estudios de historia económica argentina: desde la colonia al bicentenario. Siglo XXI Editores.

González, M. (2013). Economías criminales en América Latina. Fondo de Cultura Económica.

O’Donnell, G. (1996). Otra institucionalización. Revista Desarrollo Económico, 36(143), 423-453.

Rapaport, M. (2005). Estado y economía en la Argentina del siglo XX. Fondo de Cultura Económica.

Stiglitz, J. E. (2019). People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. W. W. Norton & Company.

Zucman, G. (2015). The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens. University of Chicago Press.