El discurso del gobierno argentino entra en contradicción con lo que hacen los países que toma como ejemplo, tal como lo demuestra la realidad que dejan ver las estadísticas fronteras adentro.
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La apertura comercial impulsada por el Gobierno contrasta con las políticas de protección industrial que aplican economías como la de Estados Unidos. A la vez, indicadores de actividad, producción y empleo muestran un escenario de desaceleración y dificultades para sectores clave de la economía.
La apertura de las importaciones y la evolución de la actividad económica reavivan el debate sobre el impacto del modelo oficial en la industria, el empleo y el desarrollo productivo.
El discurso del gobierno argentino entra en contradicción con lo que hacen los países que toma como ejemplo, tal como lo demuestra la realidad que dejan ver las estadísticas fronteras adentro.
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Desde la perspectiva oficial de estricto alineamiento, el principal caso a emular debiera ser Estados Unidos. Sin embargo, y a contramano de la política de apertura importadora indiscriminada que sigue el presidente Javier Milei, allí se aplica un esquema de aranceles con objetivos determinados.
Para sustituir tarifas comerciales que caducaban como resultado del rechazo de la Corte Suprema, la administración de Donald Trump, utilizando un resquicio en la legislación comercial, aprobó otras nuevas de entre el 10% y el 12,5% para más de 60 naciones: la excusa es que estos países compran bienes de otros que incumplirían las normas sobre trabajo forzoso.
El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, afirmó: “estamos comprometidos a seguir utilizando aranceles y a negociar acuerdos para apoyar la reindustrialización de nuestra economía, proteger a los trabajadores estadounidenses, aumentar sus salarios y reducir nuestro déficit comercial”. Objetivos de desarrollo interno con los que los funcionarios nacionales de nuestro país no comulgan, a pesar del alineamiento incondicional con la gestión Trump.
No obstante, Estados Unidos mantiene una serie de productos exceptuados porque los considera estratégicos para su economía o porque la oferta doméstica resulta insuficiente. Allí aparecen el petróleo y el gas, fertilizantes, determinados alimentos, minerales críticos y piezas aeronáuticas. En esta elección hay una importante presencia del Estado; otra gran diferencia con la gestión de Milei.
El gobierno libertario festejó que para Argentina nada cambia, ya que se mantiene el arancel del 10%, así como las excepciones. Se vinculó este hecho al Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos firmado con Estados Unidos en febrero. Pero, no hay que perder de vista que para conseguir ese “privilegio” se debió resignar mucho más de lo que se ganó.
Ese acuerdo, recordemos, va más allá de las cuestiones de comercio. Se adentra en temas de garantías de inversión, de rol del Estado y de acceso a la información, lo que en la práctica determina una importante cesión de soberanía argentina. En particular, se deja en claro que nuestro país “facilitará las inversiones estadounidenses en su territorio para exploración minera, extractiva, refinación, transporte y distribución de minerales críticos y recursos energéticos, telecomunicaciones, transporte e infraestructura de servicios en términos no menos favorables que los que les otorga a sus propios inversores”.
Una de las principales contradicciones entre el discurso y la realidad se produce en el plano fiscal, ya que de contemplarse los intereses de la deuda capitalizable, se registraría déficit financiero en lugar del superávit promocionado por el gobierno. Las propias agencias de calificación, que le suben la nota a la Argentina, así como los organismos internacionales, deciden hacer la vista gorda ante este incumplimiento.
En materia de actividad económica, José Luis Daza, viceministro del área, señaló que “ya están los brotes verdes”. Sin embargo, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, se registró en mayo una caída mensual del 0,5% para la serie sin estacionalidad, la segunda consecutiva. La actividad está en niveles similares a los de febrero de 2025. De hecho, cabe señalar que el banco internacional Goldman Sachs redujo el viernes pasado su previsión de crecimiento para la Argentina del 3% al 2,7% para este año, debido a que los indicadores de producción de abril y mayo quedaron por debajo de lo que esperaban.
Los datos desagregados muestran que Explotación de Minas y Canteras fue el sector que más creció (15,7% interanual), seguido por Electricidad, Gas y Agua (8%) y por Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (4,6%). Entre los que más cayeron aparecen la Industria (-5,6%) y el Comercio (-4,3%). Los sectores que caen explican el importante cierre de empresas que se está viendo, con la consiguiente disminución de empleo.
Según información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre 2023 y abril 2026 se perdieron 341.396 empleos, mientras que en el otro extremo el sector agropecuario, el que más sumó, alcanzó a sólo 28.059 trabajadores/as. En esta “reconfiguración productiva”, como se la denomina desde el gobierno, lo que se pierde de un lado no se recupera por el otro.
Más allá del discurso, los datos no hacen otra cosa que mostrar el impacto negativo de las políticas que se aplican, y que se seguirá agravando si continúa este modelo.
Presidente Partido Solidario