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Segundo, la del Ministerio de Economía, a cargo de Roberto Lavagna, que ha centrado su atención en las presiones de aumentos salariales y que confía en que las mejoras de los resultados fiscales de abril y de mayo, restando capacidad de gasto al sector privado, descomprimirán el problema (lo que, como veremos, es parcialmente cierto).
Tercero, la del poder político, que de sus dichos parecería desprenderse el diagnóstico de que el aumento de los precios se debe básicamente a la codicia desmedida de los empresarios y que, por lo tanto, se soluciona mediante la «persuasión» y los acuerdos de precios.
En el extremo opuesto, el desprestigiado FMI está proponiendo una política anticíclica (no expandir tanto el gasto público cuando se expande tanto la recaudación fiscal), que evite sobresaltos cuando se revierta una coyuntura externa excepcionalmente favorable para nuestro país. Con ello no se está criticando alguna emisión monetaria con origen en un déficit fiscal ni un exceso de gasto con aumento del endeudamiento público: se está recomendando prudencia, lo que en la Argentina debería considerarse como una discusión saludable y de altísima sofisticación, exclusivo mérito del actual gobierno, que ha sabido darle un alto valor al orden presupuestario.
Por otra parte, el organismo internacional también recomienda reducir la compra de dólares con emisión monetaria, como si ésta fuera la causa de la mayor presión inflacionaria. Si bien hay que desestimar este diagnóstico, sí vale la pena considerar que una menor compra de dólares implicaría una revaluación del peso por caída del tipo de cambio nominal.
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