A fines del siglo XIX, la cuestión social estuvo atravesada por la concentración del capital y las nuevas relaciones entre trabajadores y empresas. En el siglo XXI, la inteligencia artificial abre otro debate sobre poder, desigualdad y derechos.
La concentración de capital y la inteligencia artificial reconfiguran el poder, la desigualdad y los derechos.
Las estructuras sociales de Occidente estaban sacudiéndose cuando, en 1891, el Papa León XIII publicaba Rerum Novarum. La industrialización multiplicaba la capacidad productiva del capitalismo mientras las ciudades crecían aceleradamente. Millones de trabajadores pasaban a depender del salario y quedaban sometidos a nuevas formas de organización de la producción.
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Rerum Novarum, uno de los fundamentos de la moderna doctrina social, contribuyó a proporcionar una legitimación ética e intelectual a muchas de las instituciones y políticas laborales, sociales y de desarrollo humano que se consolidaron durante el siglo XX.
Al cuestionar las condiciones abusivas de explotación de los asalariados, la encíclica alentó a que el Estado asumiera la protección de los sectores más vulnerables y los gobiernos formularan políticas públicas para equilibrar las relaciones entre capital y trabajo.
Más de un siglo después, “Magnifica Humanitas”, del Papa León XIV, asoma en medio de otra transformación. La Inteligencia Artificial, la automatización y la robótica no modifican solamente las formas de producir: trastocan la cultura misma.
Si León XIII decodificó la concentración del poder económico alrededor del capital industrial, León XIV intenta desentrañar una nueva concentración que se entreteje en torno a los datos, los algoritmos y el dominio de las infraestructuras digitales.
La máquina transformó la organización del trabajo físico. Hoy la IA modela el conocimiento, su uso y su destino con límites todavía inciertos.
El Papa Francisco ya había advertido sobre ese riesgo en su discurso ante el G7 sobre Inteligencia Artificial, en junio de 2024. Allí alertó que la IA podría tomar decisiones independientemente del ser humano para alcanzar un objetivo previamente fijado. Y estableció un principio decisivo: al ser humano debe corresponderle siempre la decisión.
La IA ya está encaminada a redefinir relaciones de poder. El control de grandes plataformas digitales se concentra en un reducido número de actores tecnológicos que manejan enormes bases de datos y algoritmos con capacidades que difícilmente puedan igualar la mayoría de las empresas y los gobiernos.
Esa acumulación tiene consecuencias concretas. Las plataformas pueden influir sobre la información que reciben millones de personas, determinar qué contenidos adquieren visibilidad e incidir en el acceso a mercados y en la utilización de datos personales.
Pero existe un cambio cualitativo todavía más profundo: los sistemas automatizados están ingresando progresivamente en decisiones relacionadas con el trabajo, el crédito, la salud, la educación, la seguridad y la justicia.
Allí aparece una diferencia fundamental respecto de la revolución industrial. Si León XIII se enfrentó principalmente con la asimetría entre capital y trabajo, León XIV incorpora el nuevo desacople entre quienes poseen la capacidad tecnológica para conocer, predecir y eventualmente condicionar comportamientos y quienes dependen de esas tecnologías.
En el siglo XXI, por lo tanto, la desigualdad ya no se mide solamente en ingresos y patrimonio. También se extiende al acceso y control de la información, el conocimiento y la participación en la toma de decisiones.
Frente a esa realidad, “Magnifica Humanitas” establece un principio ordenador: la tecnología debe estar al servicio de la persona. No se trata de rechazar la inteligencia artificial ni de adoptar una posición contraria a la innovación. La cuestión es quién establece sus objetivos, quién controla su funcionamiento y cómo se distribuyen sus beneficios.
La eficiencia no puede convertirse en el único criterio para organizar una sociedad. No todo lo técnicamente posible resulta necesariamente conveniente en términos humanos y sociales.
Esto adquiere especial relevancia cuando la inteligencia artificial interviene sobre derechos. Si un algoritmo determina quién obtiene un crédito, accede a un empleo o recibe determinado beneficio público, debe existir una responsabilidad humana identificable y mecanismos para revisar esa decisión.
Otro desafío es el trabajo. La inteligencia artificial producirá simultáneamente sustitución y complementariedad. Desaparecerán procesos, tareas, oficios y puestos laborales, mientras otras profesiones incrementarán considerablemente su productividad.
Ese escenario abre uno de los grandes dilemas distributivos de los próximos años: ¿quién se apropiará de las utilidades resultantes de los enormes aumentos de productividad generados por la inteligencia artificial?
Pueden ser principalmente los accionistas. Es razonable que también pretendan terciar los trabajadores. Pero queda otra pregunta: ¿qué le tocará a la sociedad en su conjunto?
Así como durante el siglo XX se discutió la distribución del ingreso generado por la industrialización, el siglo XXI probablemente deberá discutir la distribución de la productividad generada por la inteligencia artificial.
En la economía digital están en disputa los datos, los algoritmos, las plataformas, las patentes y la infraestructura tecnológica. Activos que no sólo acumulan riqueza, sino también poder.
La respuesta no puede ser una prohibición indiscriminada de la innovación, pero tampoco una desregulación que deje exclusivamente al mercado la definición de las reglas. Entre ambos extremos existe un enorme campo para las políticas públicas.
Será necesario debatir sobre transparencia algorítmica, supervisión humana y mecanismos de apelación frente a decisiones automatizadas. También adaptar el empleo a la automatización, regular las nuevas formas de trabajo vinculadas a plataformas y garantizar programas permanentes de formación y recalificación laboral.
Argentina tiene además una discusión propia. El país y la sociedad generan enormes cantidades de información educativa, financiera, sanitaria, científica, energética, productiva y agropecuaria. Esos datos poseen un valor extraordinario y resulta necesario debatir cuáles pueden ser tratados simplemente como mercancías y cuáles deberían considerarse activos estratégicos, sujetos a criterios de soberanía y protección del interés nacional.
La educación plantea otro desafío. Ya no alcanzará con enseñar a utilizar inteligencia artificial. Será imprescindible enseñar a pensar críticamente frente a ella: distinguir información auténtica de contenido sintético, reconocer manipulaciones, verificar fuentes y comprender que un algoritmo puede equivocarse.
La defensa de la democracia también requerirá nuevas reglas de transparencia para identificar contenidos generados artificialmente y conocer quién financia y dirige campañas digitales automatizadas.
Si León XIII observó una revolución industrial que multiplicaba la productividad pero también generaba nuevas desigualdades y concentraciones de poder, León XIV capta la esencia de otra revolución: la fábrica y la empresa conviven ahora con las plataformas; las máquinas, con los algoritmos; y la propiedad material, con la tenencia de los datos.
Por eso “Magnifica Humanitas” está llamada a convertirse en una matriz para formular políticas capaces de gobernar la inteligencia artificial y el poder tecnológico durante el siglo XXI. El desafío no consiste en detener la innovación, sino en preservar a las personas y a la democracia frente a sistemas que tienden a concentrar, al mismo tiempo, capital, información, conocimiento y capacidad de decisión.
Director del Instituto Consenso Federal y exdiputado nacional.