Del control del índice al control de precios

Hacia principios de 2007, el gobierno decidió modificar su política antiinflacionaria, pasando del control de precios, sobre ciertos productos y servicios sensibles, al control del índice. Desde entonces, la regla fue manipular los datos para que, en cada mes, la inflación oficial, medida por el Indice de Precios al Consumidor, mostrara una tendencia levemente descendente.

Obviamente, esta particular política antiinflacionaria muestra hoy un estruendoso fracaso. En dos niveles. No logró moderar las expectativas de inflación de la población (todas las encuestas privadas la ubican por arriba de 30% anual), ni logró que las negociaciones paritarias tomaran en cuenta el índice oficial para ajustar salarios.

La política fiscal expansiva y la política monetaria acomodaticia hicieron, entonces, su trabajo sin problemas. Esto fue, en el fondo, una buena noticia, dado que la combinación expansióncontrol de precios estricto hubiera llevado a un resultado todavía peor: desabastecimiento generalizado y mercados negros. Pero aún sin los signos más graves de una política de precios equivocada, queda claro, a estas alturas, que «algo hay que cambiar» en materia antiinflacionaria. El poder de compra salarial empieza a mostrar síntomas de deterioro, y los índices «verdaderos» de pobreza e indigencia presentan un incremento peligroso para la tranquilidad social.

Es cierto que, por este camino, la inflación para sola, pero a un costo de nivel de actividad extraordinario. Injustificado con este escenario internacional todavía benigno en materia de precios internacionales. El diagnóstico oficial insiste en que la aceleración de estos meses de la tasa de inflación responde a una combinación de un «problema internacional», la inflación de alimentos, junto con una « patología local»: el apetito desmedido de ganancia de los empresarios, en especial, las grandes cadenas de venta minorista.

Sin embargo, cuando se analizan los números, este diagnóstico es difícil de sostener. Por un lado, es cierto que la inflación de alimentos ha provocado un salto importante en la tasa de inflación mundial. Tanto los países exportadores con precios libres, como los países importadores, presentan aumentos importantes en sus tasas de inflación en los últimos meses. Brasil, Uruguay o Chile muestran tasas de inflación de dos dígitos en alimentos, incluso los dos últimos proyectan, en este rubro, tasas cercanas a 20% anual. China, «oficialmente», reconoce una tasa de inflación cercana a 10% anual también. La gran diferencia con esos países está en la evolución de la inflación que controla la política monetaria, fiscal y cambiaria, es decir, la inflación «core».

En otras palabras, dado que alimentos, en general, en estos países, tiene una participación en el índice cercana a 30% del total, inflaciones de 20% en alimentos «pegan» 6% en el índice total. El resto, 2, 3, 4%, lo aporta la inflación del resto de los productos y servicios.

¿Qué pasa en la Argentina? Paradójicamente, y pese a las retenciones, las prohibiciones de exportar y los subsidios, los precios de los alimentos han aumentado «bien medidos» por arriba de 30% en el último año. Pero más que la « perversidad» empresarial de aproveconvalidadascharse del hambre del pueblo, parece haber primado, en este caso, el fuerte desaliento a la oferta y los elevados costos de logística y laborales que forman parte de la estructura de costos de la cadena de distribución de alimentos en el país. Pero, aun aceptando el diagnóstico oficial de que los precios de los alimentos crecen por los monopolios (dicho sea de paso, hace cinco años que este gobierno tiene el control de Defensa de la Competencia, el Congreso y los jueces. De manera que si existen monopolios y mercados concentrados es su responsabilidad), lo cierto es que, dado que la participación en el índice de precios de los alimentos ronda el mencionado 30%, si el resto de los precios, los que controla la política fiscal y monetaria, no se hubieran movido, la tasa de inflación de la Argentina no podría superar 10-11%, bien lejos de 30% actual. Esto indica que la inflación «core» está creciendo fuertemente, aun en un contexto de congelamiento o poco aumento de los precios regulados por el Estado. Es más, en abril, la inflación «core», bien medida, superó la evolución de la inflación de alimentos, con precios más calmos después del levantamiento provisorio del paro del campo. ¿Y entonces? Entonces, está claro que, más allá de la inflación de alimentos, el problema es que esta política fiscal, monetaria y de ingresos ha llevado al desborde del resto de los precios de la economía argentina (y no sólo el de la televisión por cable). Pero la alternativa de modificar la política fiscal y monetaria no entra, todavía, en el «relato» oficial. De manera que el gobierno prefiere instalar el diagnóstico de una inflación derivada del aumento del precio de los alimentos y del apetito empresarial por apropiarse de utilidades desmedidas.

En ese contexto, la «receta» es simple. Mantener la estructura de retenciones y subsidios para controlar los precios de los alimentos (contemplando, eso sí, los problemas de rentabilidad de los pequeños productores y, eventualmente, corrigiendo errores de «diseño»), y volver desde el control del índice, al control-«acuerdo»- de precios, para los productos y servicios más sensibles. La «amenaza» de contrapartida es, por supuesto, la reapertura de las paritarias con una mayor pérdida de rentabilidad. (Además de las tradicionales, AFIP, Medio Ambiente, etc.)

De manera que lo que se viene parece estar más cerca de «doblar la apuesta», que de reconocer que esta política fiscal y monetaria no puede ser sostenida. Una vieja maldición china dice «ojalá te toque vivir épocas interesantes». Se vienen épocas interesantes.