La llegada de Javier Milei a la presidencia de la Argentina ha sido presentada por sus partidarios como el inicio de un experimento inédito en el mundo: la aplicación de un programa económico “libertario”, con la promesa de desmantelar el Estado y liberar plenamente las fuerzas del mercado. Desde su campaña electoral, Milei proclamó la intención de “dinamitar” el Banco Central, dolarizar la economía y reducir el gasto público a niveles nunca antes vistos en la historia del país. Estas propuestas no solo se diferencian de las políticas neoliberales tradicionales, sino que representan, en palabras de sus críticos, una versión radicalizada de ellas (Grimson, 2023).
Sin embargo, lejos de constituir un experimento puramente ideológico, el proyecto libertario se encuentra atravesado por una dependencia estructural de los mercados financieros internacionales y de actores locales con intereses particulares. La paradoja reside en que, mientras el discurso libertario exalta la libertad absoluta frente al Estado, en la práctica se configura un régimen de captura estatal por parte de élites financieras y empresariales.
Dogmatismo libertario: fundamentos y contradicciones
- El pensamiento libertario de Milei se nutre de referentes de la escuela austríaca, como Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, así como del monetarismo de Milton Friedman. En su narrativa, el Estado es el principal obstáculo al desarrollo y la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea o porque sube M. La letra “M” (del inglés “money”) indica la masa monetaria, o porque cae la demanda de dinero, o porque ocurren las dos cosas, que hacen que el nivel de precios suba. La solución, por tanto, pasa por eliminar la emisión monetaria, reducir el gasto público a su mínima expresión y privatizar todas las funciones estatales posibles.
No obstante, la aplicación literal de este dogma enfrenta serias contradicciones:
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El mito del anarcocapitalismo: como señalan Grimson y otros autores en Desquiciados, nunca existió un capitalismo sin Estado. La propiedad privada, los contratos y los mercados requieren marcos jurídicos y coercitivos para sostenerse. Pretender un “anarcocapitalismo” es desconocer esta realidad histórica y empírica
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La libertad del capital vs. la libertad de los ciudadanos: las medidas libertarias suelen traducirse en mayor libertad para el gran capital -para mover fondos, especular y trasladar ganancias al exterior- pero en menos libertades para la ciudadanía, que pierde derechos laborales, acceso a servicios básicos y capacidad de organización colectiva.
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El problema de la soberanía: la dolarización, presentada como solución a la inflación, implica renunciar a la política monetaria y subordinar la economía argentina a decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lejos de reforzar la libertad nacional, supone una cesión de dominación, por lo menos, monetaria.
Estas contradicciones revelan que el dogmatismo libertario no puede sostenerse sin apoyarse en una arquitectura financiera y política que garantiza su viabilidad. Allí aparece el papel central de actores como Luis “Toto” Caputo y el vínculo con Wall Street.
El rol de Luis Caputo y la captura financiera del Estado
La designación de Luis Caputo como ministro de Economía simboliza la conexión directa entre el gobierno de Milei y el poder financiero global. Con experiencia previa como funcionario durante la gestión de Mauricio Macri y un pasado en la banca J.P. Morgan y Deutsche Bank, Caputo encarna la figura del “puente” entre la política argentina y Wall Street.
Su rol consiste en garantizar a los acreedores internacionales la continuidad de los pagos de la deuda externa y ofrecerles nuevas oportunidades de negocios mediante la apertura de mercados, la privatización de empresas estatales y la liberalización financiera. Esta dinámica configura lo que la literatura crítica denomina “puerta giratoria”: el tránsito permanente de individuos entre cargos públicos y funciones en el sector privado, que genera conflictos de interés estructurales (Stiglitz, 2019).
La captura financiera del Estado se expresa en varias dimensiones:
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Política de endeudamiento: lejos de reducir la dependencia de la deuda, el gobierno recurre a nuevos mecanismos de financiamiento externo, postergando los costos hacia el futuro.
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Dolarización parcial: al promover transacciones en dólares y desregular el mercado cambiario, se amplía la dolarización de facto de la economía, en beneficio de sectores con capacidad de ahorro en divisas.
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Privatización y negocios regulados: la apertura de sectores estratégicos (energía, infraestructura, telecomunicaciones) genera oportunidades de inversión para fondos internacionales aliados de Caputo como BlackRock, Templeton, Vanguard, etc., al tiempo que debilita la capacidad regulatoria del Estado.
En este esquema, los funcionarios públicos actúan simultáneamente como reguladores y como potenciales beneficiarios de las políticas que diseñan, lo que profundiza la crisis de legitimidad democrática.
Políticas económicas y sus impactos sociales
Las primeras medidas del gobierno de Milei evidencian la radicalidad del experimento. Entre ellas se destacan:
- Eliminación de subsidios a servicios públicos, con incrementos tarifarios que afectan directamente a hogares de clase media y sectores populares.
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Liberalización de precios, que provocó un salto inflacionario inicial superior al 25 % mensual.
- Reducción del gasto social, con recortes en programas de asistencia, salud y educación.
- Flexibilización laboral y ataques discursivos contra sindicatos, con la intención de debilitar la negociación colectiva.
Estos ajustes profundos tienen como correlato un aumento de la pobreza, la desigualdad y la conflictividad social. Como advierte Rosanvallon (2017), cuando la democracia se reduce a la mera autorización electoral y se desconecta de las experiencias concretas de los ciudadanos, se erosiona el principio de igualdad y se profundiza la desafección. En Argentina, las políticas libertarias no solo generan costos económicos inmediatos, sino que también alimentan un clima de deslegitimación política y de ruptura del pacto democrático.
La dimensión internacional del experimento
El proyecto libertario argentino no puede comprenderse sin situarlo en un contexto global. Como subraya Grimson (2023), la extrema derecha contemporánea opera en red, compartiendo estrategias, discursos y apoyos. La entrevista de Javier Milei con Tucker Carlson, replicada a millones de personas en Estados Unidos, muestra la conexión con sectores de la derecha radical internacional.
Desde el plano económico, el experimento libertario es observado con atención por fondos de inversión y bancos internacionales, que ven en Argentina un terreno fértil para ensayar reformas de shock que resultan difíciles de aplicar en países con instituciones más sólidas. La dolarización parcial, la apertura irrestricta al capital extranjero y la reducción drástica del gasto público son medidas celebradas en Wall Street, aunque sus consecuencias sociales sean devastadoras.
Este vínculo revela un patrón de subordinación. El experimento argentino se convierte en un laboratorio para validar la viabilidad de un “autoritarismo neoliberal” que combina políticas de mercado extremo con mecanismos de represión y control social.
Represión y disciplinamiento social
La aplicación de un programa económico de ajuste estructural requiere mecanismos de disciplinamiento social. En este punto, la figura de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad resulta clave. Su política se basa en la represión de la protesta y en la criminalización de la disidencia, justificadas en un discurso que asocia manifestación con desorden o amenaza.
La convergencia entre ajuste económico y represión política confirma que el experimento libertario no se sostiene únicamente en ideas económicas, sino también en un aparato coercitivo que busca neutralizar resistencias. En términos de Rosanvallon (2017), se trata de un “autoritarismo liberal” donde la retórica de la libertad económica se combina con prácticas políticas restrictivas de derechos.
Contradicciones y riesgos del modelo
El experimento Milei enfrenta múltiples tensiones:
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Legitimidad de ejercicio: el apoyo inicial basado en expectativas de cambio se erosiona rápidamente ante los costos sociales del ajuste.
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Conflicto de intereses: la superposición entre negocios privados y políticas públicas debilita la credibilidad gubernamental.
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Inestabilidad macroeconómica: la liberalización abrupta de precios y mercados genera volatilidad y riesgo de crisis cambiaria.
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Resistencia social: sindicatos, movimientos sociales y amplios sectores de la ciudadanía desafían el programa mediante protestas y movilizaciones.
Estas contradicciones hacen que el experimento libertario esté permanentemente al borde del fracaso. Como advierte Callon (1998), las redes sociotécnicas que buscan estabilizar un proyecto pueden volverse incontrolables cuando los actores involucrados persiguen intereses divergentes.
Conclusión
El “experimento Milei” no es un proyecto puramente ideológico ni una simple continuidad del neoliberalismo clásico. Se trata de una combinación de dogmatismo libertario y dependencia financiera, sostenida por un entramado de actores locales e internacionales que buscan maximizar beneficios en el corto plazo.
En este modelo, el Estado no desaparece; se transforma en garante de intereses privados, debilitando su función redistributiva y representativa. La democracia se reduce a un procedimiento formal que legitima decisiones tomadas en función de agendas financieras globales.
El riesgo de este experimento no se limita al plano económico. Su éxito o fracaso tendrá consecuencias profundas para la democracia argentina y para la región. Si prospera, puede sentar un precedente de “autoritarismo neoliberal” replicable en otros contextos. Si fracasa, dejará tras de sí un país más desigual, más endeudado y con instituciones debilitadas.
Doctor en Ciencia Política, Master en Política Económica Internacional, director de Hacer.com.ar, Canal YouTube: @DrPabloTigani
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