A diez años de su sanción, la Ley 27.279 continúa siendo la única norma nacional que incorpora el principio de Responsabilidad Extendida del Productor. Su aplicación permitió desarrollar un sistema específico para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios, con presencia en 22 provincias y más de 27 millones de kilos recuperados.
La Ley 27.279 estableció un sistema de gestión para los envases vacíos de fitosanitarios basado en la responsabilidad compartida y la articulación entre los distintos actores de la cadena.
A diez años de la sanción de la Ley Nacional 27.279 en septiembre del 2016, vale volver sobre una norma que marcó un punto de inflexión en la política ambiental del país. Esta introdujo en Argentina un modelo pionero para la gestión de residuos y sentó las bases de un marco que combina responsabilidad ambiental, articulación y desarrollo.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Su sanción en 2016 significó un avance novedoso en los marcos regulatorios de nuestro país: incorporó por primera vez a nivel nacional el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y, una década después, continúa siendo la única ley nacional basada en este enfoque. Se trataba de un principio que ya venía consolidándose internacionalmente desde comienzos de los años 90 y que, con el tiempo, fue aplicado en numerosos países a distintas corrientes de productos y residuos. Alemania, por ejemplo, fue uno de los primeros antecedentes al establecer en 1991 obligaciones de recuperación y reciclado para determinados residuos de envases.
En Argentina, llevar ese principio específicamente a la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios significó cambiar una idea central sobre la producción: la responsabilidad de la industria no termina cuando un producto se comercializa, ni la del productor y aplicador cuando lo utilizan, sino que se extiende después de su uso. A partir de allí, se establecieron obligaciones concretas para los distintos actores y las condiciones para construir un circuito específico de tratamiento, trazable, formal y seguro.
Quizás uno de los aportes más importantes de la Ley haya sido también de innovación institucional. Frente a un desafío ambiental complejo, planteó un modelo que necesita de la articulación federal entre autoridades nacionales y provinciales, productores, empresas, distribuidores, operadores y los diferentes actores de la cadena de valor.
Ese circuito incorporó además una mirada clave, la de economía circular: entonces, un material que antes podía convertirse en un problema ambiental puede, cuando es tratado a través del Sistema de Gestión, ingresar a procesos de revalorización y tener una nueva vida útil en otras industrias. En ese camino, la obligación del lavado de los envases que la Ley pone en cabeza del productor agropecuario y del aplicador cumple un papel fundamental, siendo determinante para el reciclado.
La experiencia de estos años muestra, además, que una política ambiental puede convertirse también en una política de desarrollo. La sanción de la normativa potenció nueva infraestructura local, logística especializada, tecnología y generación de conocimiento para desarrollar alternativas para los materiales recuperados. El marco es nacional, pero buena parte de esas capacidades se construyen y permanecen en las provincias y municipios.
CampoLimpio, organización que tiene a cargo la implementación del único Sistema de Gestión de Envases de Fitosanitarios autorizado a nivel nacional, comenzó a operar en 2019, tres años después de la sanción de la 27.279 y uno luego de su reglamentación. Su despliegue fue progresivo y acompañó los procesos de aprobación e implementación del Sistema en cada provincia: comenzó con siete Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) en Buenos Aires y, con el correr de los años, fue extendiéndose a distintos puntos del país.
Así, a medida que nuevas provincias, empresas y CAT se fueron incorporando, también creció la capacidad de recuperación del Sistema. En 2022 se superó los 50 CAT operativos; en 2024, los 80; y en 2025 la red alcanzó 92 Centros. Ese proceso de articulación conjunta y permanente permitió recuperar 10 millones de kilos de envases en 2023, 20 millones en 2025 y superar hoy los 27 millones de kilos, con un Sistema que ya tiene presencia en 22 provincias, integrado por más de 110 empresas y que continúa ampliando su infraestructura.
Diez años después, la Ley 27.279 demuestra que la Responsabilidad Extendida del Productor puede ser mucho más que una herramienta para gestionar un residuo. Puede ordenar una cadena, promover innovación institucional, generar capacidades productivas y construir soluciones ambientales desde todos los territorios. Hoy el desafío está en seguir sosteniendo y ampliando esa capacidad.
Directora Ejecutiva de CampoLimpio Argentina