El problema no es el programa económico: es el programa social

La inflación de agosto fue 1,7 %, la más baja en catorce meses. Al mismo tiempo, el 44 % de los que trabajan lo hacen en negro, el salario privado sigue por debajo de 2023 y una familia necesita $1,6 millones para no ser pobre. El Gobierno tiene un programa económico que funciona. Lo que no tiene es un programa social. Y la diferencia entre las dos cosas se paga en el trabajo.

El deterioro del empleo formal y el avance de la informalidad contrastan con la desaceleración de la inflación.

El INDEC informó el jueves que los precios subieron 1,7 % en agosto, el registro más bajo desde junio de 2025. La inflación acumulada del año es 21,3 % y la interanual bajó a 33,5 %. El ministro de Economía lo celebró, y tiene derecho: hace dos años y medio el país venía de un 25 % mensual. Que la inflación se haya vuelto un número de un dígito bajo, mes tras mes, es el principal activo político de esta gestión y sería deshonesto no reconocerlo.

Pero en el mismo informe hay otro número, mucho menos festejado. La canasta básica alimentaria subió 2,6 % en agosto y 39,6 % en doce meses, seis puntos por encima del índice general. Los precios que más subieron fueron cebolla, zapallo, banana, papa, batata, pan, harina y fideos. La inflación baja en promedio; la comida, no. Y una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto para no caer bajo la línea de pobreza. Ese es el número que mira el que cobra un sueldo, no el índice.

Conviene decirlo con claridad, porque este diario lo viene siguiendo semana a semana: el programa económico existe, es coherente y está dando los resultados que prometió en su propio terreno. Superávit fiscal, desinflación, tipo de cambio sin sobresaltos, tasas que empezaron a bajar. Quien discuta eso está discutiendo con la realidad.

Lo que no existe es un programa social. No hablo de planes ni de subsidios. Hablo de una política sobre el trabajo, el salario y la protección de los que producen, que hoy no está en ninguna parte. Los números lo muestran con una crudeza que ya no admite matices.

La informalidad laboral llegó al 44,2 % de los ocupados en el primer trimestre de 2026, 2,2 puntos más que un año atrás y la más alta de la serie reciente: 9,2 millones de personas trabajando sin aportes, sin obra social, sin convenio y sin indemnización. Los asalariados registrados son apenas el 44,6 % del empleo total, el porcentaje más bajo en años. En doce meses el sector privado perdió 100.000 asalariados formales y sumó 90.000 monotributistas. Como señalamos hace dos semanas, el trabajo no desapareció: salió de la nómina y entró en la factura. Y la semana pasada mostramos el otro lado del mismo fenómeno: 30.385 empresas empleadoras menos desde noviembre de 2023.

El salario cuenta la misma historia. En los primeros cuatro meses del año los sueldos privados registrados subieron 10,1 % contra una inflación de 12,3 %. Medidos desde noviembre de 2023, siguen 3,5 % abajo en términos reales; los públicos, 17,2 % abajo. Los salarios registrados perdieron contra la inflación en ocho de los últimos nueve meses. La inflación baja, pero el sueldo no la alcanza, y la canasta corre más rápido que las dos.

El resultado es el que midió la UCA para el primer trimestre: pobreza del 30 %, indigencia del 6,5 %, 1,3 millones de personas más que no cubren la canasta básica, y un índice de Gini que pasó de 0,435 a 0,442. La distribución del ingreso empeoró mientras la inflación mejoraba. Eso no es una contradicción estadística. Es la definición exacta de un programa económico sin programa social.

La reforma laboral no era el programa social

Alguien podría decir que el programa social es la ley 27.802. No lo es, y conviene explicar por qué. La reforma laboral actuó sobre el costo de terminar un contrato: eliminó las multas de las leyes 24.013 y 25.323, redefinió la base del artículo 245, acotó la actualización de los juicios, terminó con la ultraactividad. Todo eso ordena el pasivo laboral de las empresas. Nada de eso toca el ingreso del trabajador, ni la informalidad, ni la brecha entre el salario y la canasta. A seis meses de su promulgación, el empleo registrado lleva tres caídas consecutivas y la informalidad marcó su récord. Una reforma que abarata la salida no es una política de ingresos. Es otra cosa, útil o no, pero otra cosa.

Un programa social, en el sentido que le doy acá, tendría al menos tres piezas que hoy no están. Una política de registración que premie al que blanquea y no solo al que regulariza con quita, porque el 44 % de informalidad no se corrige con moratorias sino con un costo de contratación formal que compita con la factura del monotributo.

Una política salarial mínima que use el Consejo del Salario para algo más que homologar la inflación pasada: el salario mínimo vital y móvil sigue muy por debajo de la canasta de pobreza, y con él se indexan asignaciones, prestaciones por desempleo y topes.

Y una política de empleo para los sectores que la apertura comercial dejó a la intemperie, textil, calzado, metalmecánica, comercio, que son los mismos donde más cae el salario real y más cierran empresas.

El Gobierno puede terminar 2026 con la inflación más baja en una década y con el peor mercado de trabajo formal en veinte años. Las dos cosas son compatibles, y eso es lo preocupante. La estabilidad de precios es una condición necesaria para que el trabajo mejore, pero no es suficiente, y la historia argentina ya lo probó en los noventa: convertibilidad, inflación cero y desocupación de dos dígitos. La macro se ordenó y lo social se desordenó, y lo social fue lo que terminó rompiendo la macro.

Para un empleador, esto tiene una lectura práctica. La desinflación le devuelve previsibilidad para planificar, pero el cliente al que le vende cobra menos, se endeuda más y compra menos. Bajar el costo de despedir no lo ayuda a vender.

Para un trabajador, la lectura es más simple: que la inflación sea 1,7 % no le cambia nada si su sueldo subió menos y la comida subió más. El dato bueno del INDEC es del Gobierno. El dato malo es de la gente.

Un país no se estabiliza solo con precios. Se estabiliza cuando el que trabaja puede vivir de lo que gana y el que emplea puede sostener a quien emplea. Eso no está en el programa económico, porque no es un problema económico. Es el programa que falta.