Vacunación: las personas con discapacidad deben ser prioridad

La tasa de letalidad de las personas con discapacidad en general es del 7%, aproximadamente tres veces más que el registrado en la población en general. Deben tener prioridad a la hora de la vacunación.

NA

Si las vacunas contra el Covid-19 no fuesen un recurso escaso en Argentina y en la mayoría de los países en desarrollo, este artículo estaría de más. No hubiese sido escrito ni presentados los proyectos en el Congreso reclamando la inclusión de ciertos universos de personas con discapacidad dentro de los segmentos prioritarios en el Plan Estratégico de Vacunación Nacional creado el 29 de diciembre de 2020 por Resolución 2883 del Ministerio de Salud de la Nación. Como lo son; necesitamos tener criterios para establecer quiénes no pueden esperar porque -además del criterio de la edad y de los servicios esenciales- el nivel de letalidad del Covid-19 es mayor que el de la población en general. Es el caso de las Personas con Discapacidad en general y de ciertos universos en particular.

En efecto. De acuerdo a un informe realizado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en septiembre de 2020, la tasa de letalidad de las personas con discapacidad (con Certificado Único de Discapacidad) en general es del 7%. Aproximadamente tres veces más que el registrado en la población en general, que es de 2,2%, marcando así una diferencia de 4,8 puntos porcentuales. Estos datos aumentan en el caso de las personas con discapacidad que viven en instituciones y evidencian elevado grado de dependencia física y emocional y en el caso de las personas con síndrome de Down que fueron hospitalizados con Covid-19, a partir de los 40 años.

La gestión de la pandemia de Covid-19 en Argentina, desde marzo de 2020 nos enfrentó, y nos continúa enfrentando a un escenario marcado por grandes dificultades, desafíos y aprendizajes. Un trayecto donde las historias personales, públicas o anónimas nos han enseñado que la arbitrariedad no es inocua, y lo que se juega cuando sobra no es impotencia, es la diferencia entre la vida y la muerte de quienes nos rodean; nuestros vecinos, parientes, amigos, padres, madres e hijos.

Más aún en un país federal, donde los criterios de implementación de políticas conviven en tres niveles de gobierno: municipal, provincial y nacional. Las personas con discapacidad con Certificado Único de Discapacidad (CUD), fueron incluidas al inicio de la Pandemia de Covid-19 en la Resolución 627 de marzo de 2020 entre los “grupos en riesgo” pero luego en diciembre de ese mismo año no fueron incluidos entre las “grupos prioritarios” para integrar el universo de personas para acceder a una vacuna que los proteja. A cuatro meses de la implementación del plan nacional de vacunación ese olvido sigue silenciado. No hay ninguna razón para no darle voz institucional en el Congreso Nacional para que con esa potencia pueda resolverse una exclusión que viola una protección especial que nuestra Constitución y los Tratados internacionales avalados por el país les otorgan.

Si bien a nivel provincial Neuquén, Chaco y Mendoza han avanzado en la inclusión de sus formularios a las personas con discapacidad que tengan uno o más factores de riesgo ¿Qué sucede con quienes viven en otras provincias? Se trata de una situación donde falta equidad y sobra discriminación. Necesitamos alzar nuestra voz institucional, una voz que desde el Congreso llegue al Ministerio de Salud de la Nación y garantice los mismos derechos a las personas con discapacidad en todas las provincias del país. El Plan de Vacunación Nacional contra el Covid-19 debe tener definiciones claras que eviten arbitrariedades interjurisdiccionales en provincias y municipios.

La realidad que se nos impone hoy es la de encontrar criterios que permitan ordenar prioridades para este universo vulnerable al Covid-19 en el esquema de vacunación, que deberán ser ampliados a medida que se obtenga un mayor stock de vacunas. Criterios basados en evidencia científica y en la experiencia de otros países, inclusive en nuestra región. Con ese objetivo presentamos al Congreso un proyecto que propone la inclusión de personas con discapacidad en el universo de personas con prioridad en el Plan Nacional de Vacunación con tres criterios: personas con discapacidad institucionalizadas y sus cuidadores; personas con discapacidad que presentan una o más comorbilidades y personas con síndrome de Down mayores de 40 años.

El sábado 27 de marzo en una sesión que duró 24 horas lo planteamos, el martes 6 de abril, la ministra de Salud, Carla Vizzotti en una reunión informativa con los integrantes de la Comisión de Salud, tomó la solicitud y nos dio su palabra para avanzar. No hay razones para demorar; sobran razones para incluir y escuchar. Ahora, necesitamos la Resolución del Ministerio de Salud de la Nación. Eso esperamos lograr.

(*) Diputada Nacional UCR, CABA y Diputada Nacional UCR, Santa Fe